La explosiva declaración del conocido periodista Hugo Alconada Mon ante el Juez Ernesto Kreplak ha sacudido a la Argentina. En efecto, el cronista de La Nación y The New York Times, aseguró que Macri organizó una recolección de dinero en negro que llegó a cifras insólitas como forma de obtener aportes para la campaña electoral de "Cambiemos".

Macri al momento de anunciar su candidatura a presidente designó a Nicolás Caputto y Edgardo Cenzón como directores de un equipo abocado a recaudar fondos que terminaron superando los 1.760 millones de pesos que se trasladaban en bolsos con un sistema parecido al que se denunció contra los Kirchner.

Alconada, famoso por la seriedad de sus artículos y por el hecho de que ninguna de sus investigaciones pudo ser desmentida, dio los datos en un reciente libro "La raíz de todos los males". A raíz de esto, el Juez lo convocó para ratificar lo manifestado en varias páginas del libro donde se sostiene que Mauricio Macri le pidió a diversos empresarios de los más ricos de la Argentina, el 1% de sus respectivos patrimonios en negro, para financiar la campaña electoral.

El Juez preguntó detalles sobre la forma en que se hacían los aportes, lo que fue ratificado en todos sus términos por Alconada. Expresó que "uno de los mayores problemas que tuvieron todos los equipos de campaña es que las donaciones se entregaban en dólares, y siendo aportes clandestinos, debían recurrir a cuevas financieras, lo cual llevaba a otras dificultades, porque no en todas las provincias contaban con cuevas financieras de confianza y liquidez suficiente para cambiar los montos requeridos, lo cual llevó a su vez a los equipos de campaña a la necesidad de transportar fortunas en efectivo, en avión o en camionetas por todo el país”, relató.

Además especificó qué otro tipos de pagos se hacían, como por ejemplo: en especie: “Recuerdo también, con respecto a los pagos en especies, que los equipos de campaña de Macri, Massa Y Scioli, me contaron cómo algunos empresarios les aportaban gaseosas, teléfonos celulares, automóviles, aviones y hasta empanadas para sus actos de campaña. Como así también cubrían sus estadías en hoteles, y financiaban las encuestas de campañas y sondeos de opinión, que insertaban en sus balances como estudios de opinión pública sobre sus propias empresas. Por último, en cuanto a simular la bancarización, significa un truco por el cual los equipos de campaña repartían fondos entre militantes y voluntarios, para que se presentaran en los bancos, los depositaran como propios, en ciertos casos a cambio de una comisión, y transfirieran esos fondos a la campaña”.

El juez quiso saber más y preguntó sobre los beneficios que pudieron haber recibido esas empresas tras los suculentos aportes. “Logré reconstruir que Macri, repetidas veces, afirmó que ese aporte del 1% quedaría más que compensado por las políticas pro mercado que como presidente impulsaría, como así también políticas sectoriales, que permitirían revitalizar áreas de la economía que redundarían en beneficios generales para las empresas, pero en ningún momento logré verificar si durante ese intercambio de promesas por aportes se habló o prometió beneficios específicos para empresas particulares”, explicó.

Luego, el magistrado se interesó por el rol de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente Macri, a lo que Alconada Mon respondió: “Se encargó de supervisar a todo el equipo para el financiamiento electoral. Esto es, coordinar encuentros con empresarios, coordinar las formas de pago, repasar las listas de empresarios que debían contactar, tanto con Mauricio Macri, como con otras figuras del Pro, para luego girar esos ingresos a otra área del equipo de campaña que se abocaba a los gastos de campaña. En este sentido, su principal colaborador era el entonces ministro porteño, Edgardo Cenzón, quien se encargaba de los detalles operativos”.

Ya en la última parte de la declaración, el periodista dio detalles sobre el rol de las fundaciones vinculadas al PRO en el financiamiento de la campaña. “En el 2015 las fundaciones fueron un canal para la recepción de fondos, con menos controles, y su posterior gasto en la campaña. Recuerdo, en ese sentido, que en un momento emprendimos una investigación con un colega con el objetivo de acceder a los ingresos o donaciones recibidos por múltiples fundaciones creadas o controladas por políticos, para lo cual hurgamos en varios organismos públicos, incluida la I.G.J., y nos encontramos con que esas fundaciones se beneficiaban por los muy magros controles y auditorías, al punto que nos resultó imposible acceder a sus registros de donantes. Recuerdo en particular el caso de la Fundación SUMA, en la cual figura la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo haber sufrido un robo que no denunció durante semanas, y que incluía entre sus donantes a algunas de las empresas más importantes de la Argentina, como Techint y Panamerican Energy, y algunas de las empresas con mejor relación con el gobierno porteño, como la constructora CRIBA”.