Unas 7.500 personas con discapacidad existen actualmente relevadas por la Comisión Honoraria Nacional. De ellos hay un centenar en Soriano y un poco menos en Río Negro.  En estos días se están terminando de conformar las comisiones departamentales honorarias que tendrán el cometido de asesorar a los grupos interdisciplinarios al ponerse en práctica la iniciativa.

La aprobación en la Cámara de Diputados (por unanimidad) de la Ley que establece cuotas para el ingreso laboral a personas con discapacidad, está generando una sucesión de entredichos, acusaciones cruzadas y polémica que no permiten visualizar con claridad los verdaderos alcances de la iniciativa.

La duda cimentada en cuáles son las personas con discapacidad y quiénes estarán registradas a la hora de aspirar al empleo, está contemplada en la Ley 18.651, la que establece las definiciones del grado de discapacidad, sus valoraciones y cálculos que da forma al denominado Baremo, que establece que se considerará persona con discapacidad a aquella que tenga más de un 33% de sus facultades afectadas.

El complejo proceso valorativo analiza un enorme abanico de causales, llevadas a porcentajes a efectos de su especificidad.  El Dr. Pablo Marrero, autor del primer proyecto que luego se fue complementando hasta llegar al que se aprobó ayer, dijo que las sucesivas modificaciones no han trascendido totalmente y que hay algunos aspectos pasibles de duda, que sólo podrán quedar definitivamente explicados cuando la Ley se reglamente.

Aparentemente el sistema recepcionará en cada departamento a los nuevos aspirantes y las oficinas correspondientes encomendarán a la Comisión Honoraria Nacional para un trabajo de evaluación del que también surgirá el perfil laboral de cada aspirante.

Si la empresa al hacer el nuevo llamado no encontrara dentro de los inscriptos un aspirante que reúna las condiciones requeridas, podrá comunicar al Ministerio de Desarrollo Social el cumplimiento de la intención y el resultado respectivo. En una primera etapa serán las empresas de más de 500 trabajadores las obligadas a cumplir con las disposiciones de la iniciativa aprobada.