El articulado regresará a la Cámara de Diputados tras algunas modificaciones menores realizadas en la cámara alta.

El senador comunista Juan Castillo fue el miembro informante del oficialismo. Destacó la importancia de contar con una legislación que facilite la capacitación de las personas con discapacidad y que establece que en las empresas con hasta 25 empleados debe haber uno con discapacidad, bajo pena de sanciones.

Tras varios cuartos intermedios y con presencia de varios sindicatos en las barras, la oposición comunicó que respalda la iniciativa.

De todos modos, el nacionalista Álvaro Delgado llamó la atención sobre las legislaciones que establecen cuotas de contrataciones y que luego no se cumplen, especialmente en el sector público.

El colorado Pedro Bordaberry sostuvo que si se establecen sanciones al sector privado también debería haber sanciones al sector público, que no cumple con la cuota de contrataciones del 4%.

Cuestionamientos

El Pit Cnt cuestionó que se hayan realizado modificaciones al proyecto. El presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, expresó su asombro por las modificaciones que se realizaron a último momento, de las cuales no estaban enterados ni la central sindical ni las organizaciones sociales que participaron de su elaboración. 

Pereira sostuvo que “los acuerdos están para cumplirse” y el que se votó “no es el proyecto acordado”.

Además indicó que buscarán reunirse con los legisladores para que puedan entender la trascendencia de esta ley, al decir que “no es un proyecto cualquiera”.

El integrante de la Secretaría de Discapacidad, Martín Nieves manifestó su disconformidad con algunos cambios y dijo que “no son modificaciones menores”.

Nieves estimó que si con el texto anterior las empresas comprendidas iban a ser unas  5.400, con el texto aprobado finalmente “el número va a ser mucho menor”.