Esto implica el cierre de toda actividad, lo que a su vez provocará despidos y una situación muy compleja para los productores lecheros vinculados, especialmente medianos y pequeños.

También se afirma que “no queda claro en el decreto quién solicitó el cierre, pero pudo ser la propia parte deudora en la medida que carece del flujo de dinero necesario para los movimientos más esenciales”.

La sindicatura, la Liga de Defensa Comercial (Lideco) mostró conformidad con la resolución y permanecerá al frente de la empresa hasta su disolución.

En los próximos 30 días, el síndico deberá determinar la forma de liquidación, puede ser por venta, subasta en remate cerrado o público, en su totalidad o por partes.

Esta venta o remate puede incluir los bienes que se encuentren prendados, siendo el producido por la misma para los titulares de esas hipotecas.

No se sabe aún cuando se procederá al cese formal de actividades, en tanto trabajadores y productores deberán ser contemplados con diferentes herramientas de apoyo desde el Estado.