Hasta 2015 las intendencias tomaban el dólar a noviembre para el cálculo de las patentes del año siguiente, en 2016 y en 2017 utilizaron dos criterios diferentes al anterior (y entre sí) para fijar el tipo de cambio hasta 7,45% por encima de lo previsto. Durante esos años, cuando el dólar tenía una trayectoria descendente, la comisión conformada por el Congreso de Intendentes, el MEF y la OPP mantuvo como base de cálculo el tipo de cambio a junio de 2016 (cuando estaba a $ 30,6). 

El artículo presentado por el legislador Iván Posada planteaba establecer por ley que la fijación del tipo de cambio se haría siempre tomando como referencia el tipo de cambio al 30 de noviembre del año anterior.

En la comisión de Diputados, la propuesta fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, al momento de votarse en el plenario de esa cámara, los partidos tradicionales decidieron no acompañarlo. De todos modos, el artículo se aprobó con los votos del Partido Independiente, el Frente Amplio y Unidad Popular.

Ya en el Senado, el oficialismo también descartó su apoyo a la propuesta. Como Unidad Popular no cuenta con representantes en la Cámara Alta, el Partido Independiente quedó solo en la defensa de su propia iniciativa. 

Según el líder del Partido Independiente, “es muy triste que haya, por parte de casi todo el sistema político, un apañamiento de una situación que va en castigo del contribuyente y en favor de los intendentes, sin fundamento de justicia”.

Mieres dijo que el artículo pretendía “dar garantías” para que no se usara el instrumento de la patente “de manera arbitraria solamente para recaudar más, tomando un valor del vehículo automotor exagerado”. 

La que recogió el guante fue la senadora colorada Cecilia Eguiluz (suplente de Pedro Bordaberry), quien afirmó que lo que hizo el Senado fue “salvar” el “error” cometido por la Cámara de Diputados. Según Eguiluz, la propuesta del Partido Independiente implicaba un “avasallamiento de la autonomía departamental” establecida por la Constitución. “Los recursos de la patente son recursos de los gobiernos departamentales”, remarcó, y agregó que “tenía que primar el criterio constitucional”.

Mieres respondió que, siguiendo ese razonamiento, toda la ley que creó el Sucive sería inconstitucional. Además, acusó a los partidos tradicionales de “escudarse en la autonomía” para rechazar una ley que busca “mandar una señal a las intendencias de que no se pueden hacer los vivos, fijando el valor como se le cante”. 

Por su parte, el diputado Iván Posada opinó que es “de una enorme hipocresía” apelar al concepto de autonomía departamental para rechazar su propuesta, ya que la propia ley del Sucive “violenta la autonomía” de los gobiernos departamentales.