El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. 

El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.

Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado. Al respecto indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".

El objetivo fue "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa.

Hace unas tres semanas, el fiscal Stornelli amplió el objeto de la investigación y delimitó que la maniobra delictiva inicio en 2003 y se prolongó hasta 2015. Además, en cuanto a la organización de la causa, se generaron tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores, dividiendo las investigaciones según tres grandes temáticas.

Cada una analizará aquellos sectores en los que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte.​ Mientras la causa central de los cuadernos cuenta con un primer procesamiento, el juez entendió que corresponde "profundizar la investigación respecto a estos sistemas", para que no se entorpezca la causa central conocida como los "cuadernos de las coimas".