Comisión de Vivienda de la Cámara Alta avanza lentamente en el tratamiento del proyecto de ley del plan nacional de Vivienda Popular presentado en su momento por el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular.  Como se recordará el proyecto llegó al Senado en el mes de junio, mutilado, puesto que la Cámara Baja tras el estudio pertinente eliminó los artículos que hacen referencia al financiamiento, la expropiación de tierras privadas y públicas, así como el compromiso de realizar las obras de agua y saneamiento para la construcción de viviendas.

Las familias de las distintas poblaciones siguen movilizándose, entre ellas Mercedes, realizando reuniones informativas y con el fin de mantenerse unidas ante la demora de las decisiones políticas.

Se ha fijado una reunión para el próximo sábado 28 en instalaciones del Espacio Cultural Sur la cual comenzará a las 15 horas.

El Proyecto y su Propósito

De acuerdo a lo manifestado por los impulsores de este proyecto, el mismo apunta a resolver la grave carencia de vivienda para la población que no está contemplada en los actuales planes. El Plan de Vivienda ya fue respaldado por las Intendencias y Juntas Departamentales de Treinta y Tres, Lavalleja, Flores, Tacuarembó, Colonia, Florida, Cerro Largo y Soriano.

El proyecto de ley crea un Fondo Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, cuyo presupuesto saldrá directamente de Rentas Generales y estará destinado a ejecutar el Plan Nacional de Vivienda Popular, administrado por la actual Agencia Nacional de Vivienda.

El texto obliga al Estado a hacerse cargo de la construcción de las viviendas a través de licitaciones, priorizando la elección de empresas locales, nacionales o cooperativas de trabajo. Además, los materiales deberán ser suministrados por el Estado “al menor costo posible”.

En su artículo 19, el proyecto especifica que los destinarios del plan serán “personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales sean iguales o menores a 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones”, monto que actualmente equivaldría a 76.960 pesos. El texto establece que no se tendrá en cuenta la edad de los beneficiarios ni “los antecedentes crediticios y financieros” ni se exigirá ahorro previo.

Las familias abonarán las viviendas en cuotas cuyo monto no podrá superar el 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar. Los pagos se harían “hasta amortizar el valor de la vivienda o por un plazo máximo de 25 años si no se llegara a amortizar”