El Parlamento tiene dos días para aprobar el proyecto de ley que suscribe la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
La Dirección General Impositiva (DGI) tendrá libre acceso a todas las cuentas bancarias. Esto incluirá a bancos, fideicomisos, fondos de inversión y compañías de seguros.
El gobierno envió el proyecto al Parlamento en julio, en el que se obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la DGI los saldos y rentas acreditadas en cuentas bancarias de residentes y no residentes.
"Es un golpe casi mortal" al secreto bancario y "lo vemos con buenos ojos", dijo en la Comisión de Hacienda del Senado, Mario Bergara, presidente del Banco Central.
La nueva norma regirá a partir del 1º de enero de 2017, y según explicó Pablo Ferreri, Uruguay está obligado a brindar esta información a otros países en el marco del convenio internacional firmado con la OCDE a partir de setiembre de 2018.
El acuerdo multilateral de intercambio de información automática de la OCDE permitirá el intercambio con otros 100 países que ya lo han firmado.
