Georgina Mayo, periodista de TNU, denunció ante la Asociación de la Prensa Uruguaya presiones de parte de Soledad González, Teresa Herrera y Andrea Tuana, integrantes de distintos colectivos feministas, a raíz de su cobertura periodística sobre el "caso María". El caso, resuelto recientemente por la Suprema Corte de Justicia, ordenó que una niña retornara a España junto a su padre, pese a las denuncias de abuso en su contra.

APU manifestó su "preocupación por esta situación" y rechazó "las presiones" sobre un trabajador "por no estar de acuerdo con su tarea periodística".

Para el sindicato, se trata de una "actitud de carácter grave, provenga de donde provenga, y mucho más si se trata de organizaciones de carácter social". Según APU, Mayo expuso ante la gremial el trabajo realizado, "y se entendió que en su cobertura actuó con honestidad y de acuerdo a lo que se iba revelando en el expediente judicial".

Además, puntualizó que la denuncia llegó antes de que se expidiera la SCJ, y que no se dio a conocer hasta la fecha "para no interferir con el accionar de la Justicia en un caso de tanta delicadeza".

El comunicado del sindicato apunta también que el fallo de la SCJ coincide en que la periodista "no participó de ninguna falta ética": "En síntesis, el fraude y la colusión con que supuestamente habría actuado profesionalmente el Dr. P. (se dijo que Georgina Mayo se había prestado a la maniobra con el abogado del padre de la niña que está en España) no pasaron de ser una mera conjetura, sin ningún sustento probatorio", dice el expediente.

"La APU convoca a todas las organizaciones e instituciones, así como a los funcionarios y funcionarias de las mismas, a no caer en este tipo de accionar que socava la Libertad de Expresión y pone en riesgo el trabajo de quienes día tras día cubren las noticias", concluye el comunicado.