Además del texto de la iniciativa, se presentó la Comisión Nacional Pro Plebiscito, que es presidida por Silvia Ferreira Sienra, quien será acompañada por Carlos Moreira Reisch, Roberto Jones, Pablo Williams, Jorge Gandini, Pablo Abdala, Carlos Lafigliola, Juan Andrés Ramírez Saravia, Richard Charamelo, Roberto Crosa, Alberto Maschwitz, Guillermo Besozzi, Karina Caputi, Luján González, Lilián Padern.

Durante la presentación, Silvia Ferreira se refirió a las declaraciones del Presidente Vázquez: "No hay inquietud, hay insatisfacción. Lograremos las firmas necesarias para estos cambios tan necesarios en seguridad y esperamos que los niños puedan volver a jugar en la vereda". 

Pablo Williams, uno de los integrantes de la Comisión, familiar de una víctima de la delincuencia, envió una nota donde expresaba que: “Cuando hay un problema difícil hay diferentes maneras de encararlo, está la opción simplista de negar que el mismo existe o está la opción valiente de buscarle una solución. Duele ver como sistemáticamente se ataca toda propuesta de solución a los problemas de seguridad que sufrimos los uruguayos, pero duele mucho más la pérdida de un ser querido, un niño o niña abusada o la sensación de inseguridad en la que vivimos día a día.

Es mucho más fácil atacar el trabajo de otros que tratar de generar las soluciones que los uruguayos necesitamos. Pero la realidad marca que desde que la propuesta se hizo pública el apoyo de la gente a la misma nos motiva a seguir trabajando en el entendido de que vamos por el camino correcto.”

Larrañaga, impulsor de la Iniciativa sostuvo que: “la inseguridad es un tema grave que afecta la convivencia.

Marginalidad social y cultural que amenazan con una fractura en la sociedad.

Faltan respuestas del Gobierno, rutas de salida para la marginación y políticas sociales exitosas.

Los uruguayos demandan respuestas frente al sistema político trabado por mayorías parlamentarias que antepone la ideología a las soluciones. Por eso hay que ir a la gente que es la fuente de la democracia.

Ante este presentación, Crónicas consultó al Senador Guillermo Besozzi sobre esta campaña que lleva como lema “Firmemos por más seguridad, Vivir sin Miedo”.

Este dijo que “como somos minoría no podemos reformular nada respecto a la seguridad o hacer aportes para encontrar soluciones entonces se puso en marcha esta opción.

Recordemos que el pasado año participamos en varias reuniones en la Torre Ejecutiva, el Partido Nacional aportó 29 proyectos de los cuales sólo 5 se aprobaron y al llegar a la Cámara sólo 2 de esos 5 se votaron porque para los restantes no hay acuerdo con el Frente Amplio.

Ante esto todos nos preguntamos qué hacemos porque la gente nos reclama acciones, están cansados que los roben, que los rapiñen, que mueran inocentes y por ello Larrañaga propone esa reforma de la Constitución y que sea la gente a través de la democracia directa que opine si está de acuerdo en reformar algunos puntos.

Esperamos que para fin de año ya se tengan las firmas necesarias, unas 270.000 para habilitar el plebiscito que permita introducir los cambios.

En la papeleta que en pocas horas más estará a disposición en Mercedes allí podrán firmar todos quienes tengan 18 años, simplemente se pide el número de credencial y en caso que no lo recuerden el de la cédula de identidad.

La propuesta tiene 5 puntos esenciales que son: “Levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos. Se agrega un inciso al    artículo 11 de la Constitución.

Se faculta a la ley a que posibilite que los jueces, cuando haya fundadas sospechas de actividades delictivas, pueda ordenar los allanamientos en horas de la noche, como lo puede hacer hoy, durante el día.

El fundamento para reformar este punto es que, como es sabido, muchos delincuentes usan casas para actividades delictivas como por ejemplo la venta de droga -las denominadas bocas de pasta base-.

Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial.


Esta medida será un nuevo instrumento para la policía, fiscales y jueces.

Será la ley la que fije el marco de condiciones, pero seguirá siendo una medida de excepción, que requiere orden del juez.

El segundo punto es referido al cumplimiento efectivo de las penas.

Se agrega un inciso al artículo 27 de la Constitución y se regula su aplicación inmediata a través de una Disposición Transitoria y Especial.

Se observa diariamente que delincuentes recuperan su libertad antes del tiempo establecido por la pena que le habían impuesto originalmente.

Esto alimenta el fenómeno de puerta giratoria, que hace que los que delinquen entren y salgan con facilidad del sistema de Justicia.

Cada año 6.000 presos son liberados, 4.000 reinciden en el delito.

El proyecto de reforma prevé que quien cometa delitos graves tales como: rapiña, violación, homicidios, extorsión, secuestro, copamiento, abuso sexual, trata de personas, tráfico de estupefacientes, no podrá recibir beneficios liberatorios y deberá cumplir la pena en su totalidad.

Se propone la creación de una nueva pena, la Reclusión Permanente Revisable para delitos especialmente graves como violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato y el caso de los homicidas múltiples.

Estos delitos involucran una aberración tal que ameritan una severa respuesta de la sociedad. Quienes los cometen son difícilmente recuperables, por lo que la sociedad debe protegerse de estos individuos.


Este tipo de delincuentes suelen ser de difícil o imposible recuperación -así lo demuestra la psiquiatría forense-; hoy, estos delincuentes, cumpliendo su pena de prisión, a pesar de no estar rehabilitados, recuperan la libertad y conviven con el resto de la sociedad.


El proyecto prevé que este tipo de delincuentes permanezcan 30 años recluidos, y recién ahí, si se demuestra su rehabilitación; recuperarían la libertad. Si no están rehabilitados, permanecerán recluidos.

La condición de revisibilidad hace compatible este tipo de pena con el derecho internacional. Existe profusa jurisprudencia sobre el punto de parte de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que este tipo de pena existe en casi todos los países de Europa.

Existe esta pena en: Alemania, España, Francia,  Inglaterra, Gales, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Polonia, Austria, Hungría, Italia, Croacia, al igual que en Argentina, Perú, México, Chile, Estados Unidos y Canadá.

Se pide la creación de la Guardia Nacional, como una segunda fuerza que colabore en la seguridad pública y se la integre con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Se agrega un inciso al numeral 8 del artículo 85 de la Constitución y se establece la regulación en las Disposiciones Transitorias y Especiales.

Hay que usar todos los recursos del Estado para cuidar a los ciudadanos.

Nuestros efectivos militares están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas, tienen equipamiento, están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin mayor demora.

Además ya cumplen tareas típicamente policiales en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria y en la guardia perimetral de varios establecimientos carcelarios. El propio gobierno les ha ido dando algunas funciones típicamente policiales. Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado, preparándolos previamente para nuevos cometidos.

Los efectivos que se sumen a esta fuerza seguirán dependiendo funcionalmente del Ministerio de Defensa, y coordinarán operativamente con el Ministerio del Interior en la manera que lo disponga el Poder Ejecutivo.

Podrán realizar todas las tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo, además de por ejemplo, participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo, o combatir las manifestaciones de crimen organizado.

Los efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos y estarán en esas tareas sujetos a las reglas que se establecen en la Ley de Procedimiento Policial.

Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países.  Se plantea un diseño que existe -y con éxito- en muchos países.

 Queremos que la gente tenga el poder a través de una lapicera de poder decidir por la seguridad que es un tema de todos. Esto no tiene color político, sí tiene una gran carga social y ciudadana, porque la propia gente está pidiendo cambios.

Entendemos que todos quieren firmar por una seguridad, quien lo haga permitirá que se pueda discutir y poner a votación de la gente las modificaciones planteadas líneas arriba.

Silvia Ferreira dijo que su madre y su abuela cuando ella iba a la escuela le recomendaban a diario que tuviera cuidado al cruzar la calle. Hoy cuando se manda un chico a estudiar o sale por sus actividades se le pide que si alguien lo roba debe dejar que le lleven todo, que no se defiendan, que no se expongan y esa es la triste realidad que hoy tenemos en nuestro país.

Como gente del Partido Nacional hay un grupo de mujeres que ya están preparando las papeletas para comenzar a recoger las firmas”.