El gobierno había puesto como condición que el 80% del personal tenía que estar de acuerdo (unos 2.700 funcionarios), lo que finalmente se alcanzó dando lugar a la emisión de un comunicado que fue recibido por el Ministro de Trabajo considerando que no sólo es una buena noticia para el Poder Judicial, sino también para todo el país.

Resta solamente la notificación oficial, habiéndose alcanzado las firmas necesarias, un proceso de recepción que continuará por unos días más. Después de turismo se elaborará el proyecto para ser enviado al Parlamento, con el fin de obtener los fondos para cumplir con el convenio, de la misma forma como antes se había hecho con los jueces, fiscales y defensores de oficio, que habían mantenido un conflicto similar.

La diferencia implica unos 50 millones de dólares, para 3.500 funcionarios que serán entregados gradualmente en los próximos dos años.