El pasado jueves, una movilización convocada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida se cumplió en la capital del país con la participación de una importante cantidad de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y ambientales. También participaron varias organizaciones políticas de izquierda entre las que se destaca la presencia organizada de todos los sectores que integran la Unidad Popular, los integrantes de su Coordinador Nacional y la presencia del diputado Eduardo Rubio, titular de la bancada del único partido político que no votó la Ley de Riego en el Parlamento.

Por otro lado, se vienen cumpliendo talleres de información para saber en qué nos afecta la ley de riego y anoche la instancia fue en la sede del Plenario Intersindical de trabajadores de Soriano.

Por otro lado cabe recordar que la Federación de Funcionarios de OSE lleva adelante una campaña de recolección de firmas para habilitar un recurso de referéndum que derogue la Ley 19.553 o Ley de Riego, votada en octubre de 2017.

Los promotores de la iniciativa deberán juntar unas 750.000 firmas, que corresponden al 25% del padrón electoral, antes del 26 de octubre de 2018, para presentarlas ante la Corte Electoral.

Asimismo en los últimos días uruguayos participaron en Brasilia, en el Fórum Alternativo del Agua evento democrático que reúne mundialmente a organizaciones y movimientos sociales que luchan en defensa del agua como derecho fundamental para la vida. Pretende unificar la lucha contra el intento de las grandes corporaciones de transformar el agua en una mercancía. 

Quienes trabajan defendiendo este vital elemento aseguran que “ si está en riesgo el agua, también están en peligro la producción de alimentos sanos, la flora y la fauna, está en peligro el planeta, está en peligro la vida toda. La visión del agua como mercancía, con la cual hacer negocio y lucrar, pretende imponerse a través de distintos mecanismos. Y lo hacen pisoteando el derecho de los pueblos al acceso a este elemento como derecho humano fundamental. Y esa sombra, que ya ha cubierto brutalmente a países como Chile y México, sigue avanzando e intenta cubrir al Uruguay”.

El Pueblo

Se recordó que en el año 2004 el pueblo uruguayo ya decidió. “El 64,7% votó a favor de reformar la Constitución para que se estableciera el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Todos definimos que los recursos hídricos forman parte del dominio público estatal y que las organizaciones sociales deben velar por su cuidado, participando de la planificación, gestión y control de sus usos. 

Hoy existe la necesidad de reafirmar esta postura porque la votación de la Ley de Riego en el Parlamento, promulgada por el gobierno el 27 de octubre de 2017, pasa por encima de la voluntad del pueblo manifestada en 2004.  Es inconstitucional. Por esa razón, salimos a defender la decisión tomada por nuestro pueblo porque, si no defendemos nuestros triunfos con lucha, la Constitución y las leyes se convierten en letra muerta y son violadas una y otra vez.

La experiencia demuestra que hoy, en Uruguay, los pequeños productores de Bella Unión deben pagar por riego aproximadamente 500 o 600 dólares la hectárea. Esos altos precios por el agua para riego se multiplicarán en manos de los concesionarios nacionales y extranjeros de los grandes embalses y de los gestores privados del agua.

Hoy, en Uruguay, los productores de soja y maíz transgénico usan todo el paquete contaminante para producir más, sin importar el efecto que produce en la producción de los vecinos. 

Han señalado que “en la zona rural de La Armonía, en Canelones, los pequeños productores han perdido su cosecha de alimentos porque no acceden al agua de calidad. Hoy, en Uruguay, el gobierno impuso la llamada tasa medioambiental de 7,3% más, en el cargo fijo de la tarifa del servicio de agua. Y esto es para pagar los costos de OSE en el uso de carbono activado para contrarrestar el impacto de la contaminación en las fuentes de agua. Algunos contaminan y todos debemos pagar los costos.

El río Santa Lucía, la laguna Merín, la Laguna del Cisne, la Laguna del Sauce y todos los ríos del país como el río Uruguay y el río Negro, las aguas de arroyos y acuíferos están contaminadas por los cambios en el uso del suelo producidos en las últimas décadas.

Derogar la Ley de Riego

Quienes rechazan esta ley, aseveran que la misma, privatiza. “Establece mecanismos para el uso privado de aguas superficiales con fines de riego a gran escala. Para conceder a los privados nacionales y extranjeros han modificado, incluso, la Ley de Participación Público-Privada para habilitar obras hidráulicas con el apoyo del Estado, promoviendo la inversión de capitales extranjeros como fondos de pensiones, aunque nada tengan que ver con la producción agrícola. Porque no solo es una ley de riego, es una ley de inversiones. La Ley impulsa la construcción de embalses multiprediales en medio del cauce de los ríos estancando las aguas. Esto provocará cambios en los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, interrupción de conectividad hídrica, erosión y contaminación. Además, los agronegocios suponen gran uso de agrotóxicos y la mayor productividad provocará la aparición de mayor cantidad de floraciones algales y cianobacterias. 

La mayor inversión de OSE en potabilización seguirá recayendo en los bolsillos del pueblo a través de una suba aún mayor de la tarifa. Con esta ley se privatizan los beneficios y se socializan los costos y las pérdidas. La ley crea un nuevo mercado, donde el agua es la mercancía. 

Es un mercado del agua con participación de agentes privados en la gestión del agua para la comercialización por parte de los operadores de sistemas de riego y la articulación con las asociaciones agrarias de riego. Esto amenaza a pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Pero, además, por si eso fuera poco, UTE se compromete a comprar la energía eléctrica generada en estas represas, aunque no la necesite. Fue impuesta por el gobierno, sin consulta popular, intentando ocultar que compromete el agua para las presentes y futuras generaciones. Tampoco prevé mecanismos e instancias para que la población participe en la toma de decisiones, ni en la planificación ni en la gestión ni en el control de los recursos hídricos como mandatan la Constitución y la Ley.

Acciones

Estos encuentros que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país promueven la recolección de firmas para lograr el referendo para derogar esta ley.

“Ante la resolución de los trabajadores organizados de OSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, ampliada hoy a diversas organizaciones sindicales, ambientales, estudiantiles, políticas, se ha plegado a la campaña de recolección de firmas. Así lo ha hecho también el PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM, la Asociación de Escribanos y se espera que más entidades se sumen para defender el agua y la vida”.

Más información se ofrece en el Plenario Intersindical, Giménez 431 donde hay formularios para firmar para el referendo.