La Suprema Corte de Justicia (SCJ) cerró
13 juzgados en el interior del país por falta de presupuesto y su presidente,
Ricardo Pérez Manrique, pidió al gobierno $ 26 millones adicionales para poder
cubrir los gastos de funcionamiento hasta fin de año. A través de una circular,
la SCJ informó sobre la reorganización de sus territorios jurisdiccionales con
la supresión de varios Juzgados de Paz en el interior como forma de abatir el
gasto.
En Artigas, se suprimieron los juzgados de
Bernabé Rivera, Colonia Palma y Pueblo Sequeira.
En Cerro Largo, se cerró el juzgado de
Plácido rosas. En Lavalleja, fueron suprimidos los juzgados de Paraje Polanco y
Pirarajá.
En Paysandú, se suprimió el servicio de
Piedras Coloradas y en Río Negro el correspondiente a Sarandí de Navarro.
En Salto se reorganizaron las funciones
del juzgado de la sexta sección judicial del departamento.
En Soriano, se cerraron los servicios en
Villa Soriano y Pueblo Agraciada.
Por último, en Treinta y Tres se
redistribuyeron los casos correspondientes a Poblado Rincón e Isla Patrulla.
