El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco desestimó la denuncia sobre presuntas irregularidades en el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa UPM para la posible construcción de una segunda planta de celulosa en el país.

En su expediente, difundido ayer por Fiscalía de la Nación, Pacheco señala que "no existen elementos que hagan presumir la existencia de conductas con apariencia delictiva".

Pacheco consigna que los denunciantes, el abogado Gustavo Salle y el ex fiscal Enrique Viana, afirman que el contrato es irregular debido a que no hubo un llamado a licitación, la negociación "no fue transparente" y el contrato es "abusivo, lesivo, leonino, ruinoso, asimétrico, cuasi unilateral".

Sin embargo, para el fiscal "ninguna de las alegadas irregularidades asoma como motivo suficiente para el inicio de una investigación presumarial" debido a que "es un contrato preliminar o 'carta intención' sujeto a un 'acuerdo complementario'". Pacheco señala además que su firma se dio en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inversiones aprobada en 1998 y su reglamentación, ambos vigentes y sin recursos de inconstitucionalidad en contra.

Para el fiscal "es inexacto lo denunciado en cuanto a que ROU (República Oriental del Uruguay) se obliga a llevar a cabo las obligaciones contraídas en el contrato "independientemente del Proyecto UPM".

En ese sentido, Pacheco especifica que "si se lee detenidamente lo convenido en la cláusula 2.1.2., se advierte que Uruguay no asume ni se compromete a ninguna obligación en caso de que la declaración final de inversión de UPM sea finalmente negativa, sino que la cláusula establece claramente que 'ROU reconoce y conviene en que es intención llevar a cabo el Proyecto de ROU independientemente del Proyecto UPM'".

"La expresión "es intención" no equivale a la asunción de una obligación por parte del Estado uruguayo, por lo cual el principal argumento de afectación de la soberanía nacional invocado por los denunciantes carece de fundamento", agrega.