Así lo indicó ayer el secretario general del SUPU, Alejandro Alvarez, quien llegó hasta Mercedes para reunirse con el delegado de Soriano Alejandro Sánchez, interiorizándose además de otras situaciones que preocupan a los funcionarios policiales en general.

Alvarez manifestó que el representante legal del sindicato es el Dr. Sebastián Rosas quien asistirá a los socios por escrito cuando ocurra algún tipo de sanción y todos los temas relacionados con problemas que puedan surgir en la parte laboral. “Hay situaciones que no se dicen o no se hablan por miedo, siendo que hoy el SUPU como sindicato ha avanzado mucho logrando que incluso en la Ley Orgánica Policial se establezca el derecho que tiene el policía a sindicalizarse.

Seguimos trabajando también en todo lo vinculado a la salud del policía, a la atención psicológica, habiéndose designado dos profesionales de esta área por departamento, quienes deben estar trabajando con los funcionarios en situaciones de estrés laboral, conflictos familiares, para evitar los problemas internos y externos que puedan tener los policías. Sabemos que hay algunas falencias en algunos departamentos, hemos hecho las denuncias en los casos que han sido necesarios para seguir avanzando en la mejora de la atención de todos.

Se ha establecido una tripartita entre el Ministerio de Trabajo y del Interior para seguir hablando sobre la nocturnidad que no se está pagando y si bien hay una ley de aplicación desde el 2015, hasta ahora no se ha pagado. Con el Ministerio del Interior se sigue hablando sobre el tema de la vivienda y en los próximos días se tendrá un encuentro con la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y parte jurídica del MI para revisar el decreto que establece el descuento del 1% a los funcionarios policiales destinado a la vivienda. 

Junto a bomberos hemos realizado un pedido de informes al Ministerio sobre esta temática porque se busca saber dónde están esos dineros que pertenecen a los funcionarios y hay familias que están en situaciones muy graves y requieren una vivienda y una reubicación urgente que hasta ahora no se ha logrado.

En varios departamentos como sindicato estamos trabajando en proyectos de cooperativas de viviendas y tenemos presente el censo que se realizó en el 2015 donde se evaluó la situación habitacional de la familia policial. Allí surgió la cifra de que 600 funcionarios están en situación grave y 60 familias con problemas muy difíciles y hasta ahora no se ha podido dar respuesta a todos estos casos. Con los descuentos que se hacen estamos pidiéndole al Ministerio que se encuentren soluciones, el pasado año se avanzó algo, pero hay mucho por hacer todavía”.

Alvarez también hizo mención a las problemáticas que se vienen generando por la falta de pulseras electrónicas en caso de violencia doméstica, lo que ha generado que varios policías sean enviados a custodiar a las víctimas de violencia doméstica en barrios peligrosos, con los mínimos elementos y en los últimos días se han dado hechos de violencia y robo que han sufrido los mismos policías. Quieren que el Ministerio establezca un protocolo de actuación en ese tema en particular, porque entienden que no se está supervisando y mirando dónde mandan a los funcionarios.

También se refirió a la labor que desarrollan los policías en todo el país agregando que se está trabajando con lo necesario y reconoció que en algunos lugares falta equipamiento. No se ha cumplido con la segunda entrega de ropa para los funcionarios, mencionó que falta comunicación entre las diferentes dependencias, asesoramiento, capacitación y llegar más al funcionario. 

En otro orden afirmó que “ha habido quejas por el descuento de Compromiso de gestión, por el ingreso de las novedades en tiempo y forma y no se tiene en cuenta que los sistemas muchas veces se caen, por lo que el SUPU debe estar siempre atento a las diferentes situaciones que se plantean en todo el país”.