La presencia de la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en Mercedes en las últimas horas, fue propicia para consultar a la Dra. Mariana Motta sobre su opinión acerca de la puesta en práctica en nuestro país del nuevo Código del Proceso Penal. Aunque vio con buenos ojos el cambio, sostuvo que el Instituto deberá seguir muy de cerca la aplicación del mismo a los efectos de conocer si es beneficioso para los ciudadanos, dado que presenta algunas carencias y dificultades. Al respecto dijo que era una modificación legislativa necesaria desde hace muchísimos años “éramos prácticamente el último país de América que tenía todavía el proceso inquisitorio y la adecuación a un proceso acusatorio era un debe que tenía el Estado uruguayo”. 

Indicó por otra parte que la implementación y el inicio de este nuevo proceso genera varios interrogantes. “Primero bienvenida la modificación pero, como segundo punto hay que ver si las garantías procesales se cumplen debidamente, si realmente la participación de la víctima es efectiva, si se protegen sus derechos, si no hay una vulneración también de las garantías del imputado en pro de poder obtener resultados rápidamente. Por esa razón la institución va a estar observando cómo se va a aplicar y cómo se va a llevar adelante para ver si se adecua no solamente a la norma y a las normativas recientemente aplicadas en este inicio, sino también en las garantías y normas internacionales”.

Crímenes de Lesa Humanidad

Con respecto a este tema la profesional entiende que el Estado uruguayo no ha avanzado porque no ha tenido interés en hacerlo. Cree que debe asumir las responsabilidades en lo que tiene que ver con reparar íntegramente a las víctimas y en garantizar la corrección de las acciones de cada organismo para asegurar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. 

Sin Conocimiento

Para Motta jueces y fiscales no tienen conocimiento cabal de cómo se abordan estas causas. Afirmó que “desgraciadamente no hay una formación específica en trabajo de derechos humanos para abordar estas causas y no hay tampoco un trabajo específico de protección a las víctimas. Han sido muy dolorosas las situaciones por las cuales algunos compatriotas han tenido que pasar, lo mismo pasa con los testigos que también pasan a ser víctimas de otras vulneraciones. El requerirles recordar algunos hechos absolutamente dolorosos y traumatizantes es una re victimización pero es imprescindible para avanzar en la investigación. Por esa razón es que debe haber gente que acompañe y proteja a las víctimas.

Estos son temas que deben ser conocidos por la Justicia y reclamar que esas cuestiones se corrijan y después entiendo que debe existir conocimiento y aplicación de normativas internacionales que son obligatorias para Uruguay”. 

Sin Voluntad

Por otra parte, afirmó que desde el Estado no existe voluntad clara de avanzar en los temas de Lesa Humanidad. “Hay obstáculos, han pasado muchos años. Aquellos mojones instalados inicialmente como la Ley de Caducidad no puede decirse ahora que obste a la prosecución de las causas y hay demoras y el Estado es culpable de ellas. Por lo tanto, debe asumir las responsabilidades y verse asimismo como violador de los derechos humanos y modificar su accionar y tener una actuación contraria a eso. 

Debe dar una respuesta, debe investigarse, debe decir la verdad y dar a conocer a la opinión pública lo que ha pasado, porque los crímenes no son cuestiones sólo de las víctimas, sino de toda la sociedad uruguaya”.