Profundamente preocupados se manifestaron ediles de la Junta de Soriano, que se mostraron altamente sorprendidos por la información difundida ayer por Crónicas sobre el llamado que les hará el Juez Battó uno por uno. Tras la publicación de la noticia, un cruce de comunicaciones telefónicas se desarrolló durante todo el día.

Los ediles sostienen que si bien la medida tomada por el titular de la sede judicial estaba dentro de las posibilidades, les impactó conocerla a través de la prensa. Durante el cruce de opiniones, volvió a plantearse entre los curules, la posibilidad de retomar el camino de la unificación de la defensa letrada, que quedó semi-interrumpida, después que el Dr. Julio Guastavino que venía actuando como asesor de la totalidad de la Junta, se distanció al no sentirse respaldado en su intención de dar a conocer una carta que finalmente se publicó en los medios de prensa con el respaldo de la bancada del Frente Amplio solamente.

Guastavino está actualmente en viaje a Barcelona, donde permanecerá hasta fines de mes. El distanciamiento se produjo cuando el Juzgado solicitó a la Junta como corporación, el envío de documentación ampliatoria después de las declaraciones tomadas al titular del cuerpo y en especial a la Contadora Cecilia Techera.

Antes se habían realizado tratativas con dos juristas de alto nivel de Montevideo, a efectos de elaborar (así era la intención de Guastavino) una argumentación profunda en la que se demostrara que ninguno de los ediles se apartó de la Constitución, por cuanto el tema de los viáticos siguió los carriles correspondientes incluso a través del Tribunal de Cuentas de la República y la eventual ratificación o rectificación del Senado de la República como ocurre de acuerdo a las normas en vigencia. Ediles consultados que prefieren no ser nombrados, indicaron que "era previsible la decisión del Juez, aunque en realidad nos sorprendió a todos". Otros indicaron que "lo que sea, habrá que acatarlo".

La preocupación más honda está dada por la posibilidad de que la justicia llegara a dictar algún tipo de procesamiento, que implicaría (aunque fuera sin prisión) la inhabilitación para continuar ejerciendo cargos públicos en el caso de aquellos funcionarios que lo son o incluso  otras derivaciones no menos complicadas.