La misma fue aprobada a nivel de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra a consideración de la rama alta parlamentaria. La iniciativa establece normas en cuanto a cupos obligatorios para empresas y organismos del Estado, estableciendo el porcentaje de personas con discapacidad que deben ser incluidas en el personal ocupado.

Si bien no se ha difundido oficialmente, los promotores de la búsqueda de firmas, aseguran que hay resistencia a nivel de algunos jerarcas del gobierno, especialmente del Ministro de Trabajo, quien habría manifestado algunos reparos  y diferencias con el texto que se ha dado a la iniciativa.