A través de un programa desde la OPP se financiarán 95 centros en todo el país para localidades de más de 500 habitantes, extensivo en el futuro a pueblitos de menos de 500.

El plan va dirigido a comercios en cuyos locales se instalen cajeros dispensadores de dinero y se recepcione el pago de facturas. Para hacerlo el Estado otorgará un subsidio de 2.500 dólares para la compra del equipamiento quedando la responsabilidad en manos del almacenero del barrio. 

La medida es extraña porque coincide con la reducción de servicios en el Brou. Lo anunciado para Palmitas y Rodó son ejemplos. ¿Podrán allí subrogarse los servicios ya que ambas son localidades que llenan el requisito de los 600 habitantes? Tal parece que las férreas disposiciones que rigen para las casas cambiarias y Red Pagos en cuanto a guardias de seguridad y personal no se aplicarán en los poblados más chicos. Si no es así, las cuentas no cerrarán para el titular del comercio en caso que deba tomar personal afín al cobro de facturas, reposición de dinero en los cajeros y manejo de movimientos monetarios. 

Queda la sensación de que hay una intención de ir sustituyendo los bancos por unidades financieras pequeñas, con la diferencia de que mientras los primeros están sujetos al rigor de medidas de contralor, seguridad y régimen salarial especial, los nuevos operadores del dinero van sustituyendo la profesión de funcionario bancario. Desde las gremiales bancarias se asegura que todo ha partido de una puja de larga data entre la administración central y los bancos; quizá sea realmente así. Si no lo es, algo muy extraño ha estado empezando a ocurrir para que (lo que antes estaba en manos exclusivas) empiece a trasladarse gradualmente a los pequeños comercios privados.