Una iniciativa privada, actualmente a estudio de la Intendencia de Soriano, propone hacerse cargo de aproximadamente 300 kilómetros de caminos rurales estratégicos y de intervención recurrente, mediante un esquema de rehabilitación y mantenimiento financiado a diez años bajo los criterios del sistema CREMAF. El objetivo es asegurar estándares permanentes de transitabilidad y reducir la presión estructural que hoy recae sobre la red departamental y municipal.

En Soriano, la caminería rural es parte directa del sistema productivo. Cada campaña agrícola tiene tiempos definidos y la logística no es un detalle operativo, sino una condición de competitividad. Cuando un tramo estratégico se deteriora en momentos clave de cosecha o traslado, el impacto es inmediato.

Hoy existen alrededor de 300 kilómetros de caminos rurales que requieren intervenciones reiteradas. Son tramos estratégicos por volumen de tránsito o por su función dentro de la red. Esa recurrencia implica costos económicos, pero también algo menos visible: absorbe recursos humanos y maquinaria de manera constante, tensiona la planificación departamental y genera frustración cuando las mejoras no logran estabilidad suficiente.

La Intendencia administra una red extensa y exigente. Sus equipos trabajan en múltiples frentes simultáneamente. La propuesta en estudio no sustituye esa tarea ni desplaza responsabilidades. No compite. La refuerza.

Plantea asumir la responsabilidad integral sobre esos 300 kilómetros más demandantes, asegurando que mantengan condiciones de transitabilidad durante todo el año y liberando capacidad de gestión para el resto de la red.

¿Qué cambia con este enfoque?

El modelo toma como referencia el sistema CREMAF, utilizado en el país en obras viales nacionales. No es una herramienta experimental. Lo novedoso sería su aplicación parcial a la caminería rural departamental.

El esquema integra:

• Rehabilitación inicial, para alcanzar un estándar técnico definido.

• Mantenimiento sostenido, para conservar ese estándar durante todo el período contractual.

La financiación se estructura a diez años y los pagos se vinculan al cumplimiento del nivel de servicio.

En el esquema tradicional se certifica la tarea ejecutada.

Aquí, el pago depende del resultado.

Si el camino no mantiene las condiciones acordadas —estabilidad, drenaje, transitabilidad— no se remunera.

El foco se desplaza de la intervención puntual al desempeño sostenido.

Una mirada estratégica

El horizonte de diez años permite pensar más allá de un período de gobierno y consolidar criterios estables.

Cuando determinados caminos son claves para la salida de la producción, su estabilidad pasa a ser parte de la competitividad territorial.

Concentrar un esquema específico en esos 300 kilómetros permitiría reducir la presión permanente sobre la gestión departamental, mientras la Intendencia continúa trabajando sobre el resto de la red.

No se trata de ampliar estructuras. Se trata de ordenar prioridades.

Una discusión abierta

La iniciativa está a estudio y corresponde a la Intendencia evaluar su viabilidad.

Pero el debate es más amplio.

En un departamento donde la competitividad depende de la logística, ¿pueden los caminos estratégicos aspirar a funcionar de manera permanente y no solo por períodos acotados?

La discusión no es cuántas veces se interviene un tramo. Es cuánto tiempo permanece operativo cuando más se lo necesita.

Y esa es una conversación que Soriano puede dar con mirada estratégica.