El abogado italiano Fabio Galiani, contratado para el seguimiento del juicio por el Plan Cóndor en Roma, cobró 496.000 euros por su trabajo entre 2008 y 2016, en base a un pedido de información al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ese dinero se pagó sin ningún contrato y no hay documentos que acrediten dicho gasto, señala la respuesta de la cancillería. El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas. Casi la mitad de los honorarios se pagaron en 2016.
Su contratación data de 2008 a instancias del entonces canciller Gonzalo Fernández. El Estado quería entonces apelar la decisión del Tribunal de Salerno que decretó la libertad del ex-marino Jorge Tróccoli, radicado en Italia desde 2007 e imputado por delitos de lesa humanidad.
Tróccoli fue, precisamente, uno de los 13 sobreseidos en enero pasado en el juzgado italiano. El fallo confirmó su libertad.
El abogado Galiani fue muy cuestionado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la persona de su titular, Mirtha Guianze.
La ex-fiscal dijo que fue "muy difícil entender la estrategia" del asesor legal. Incluso envió una carta al presidente Tabaré Vázquez criticando su contratación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el nexo con Galiani. La operación fue realizada sin contrato ni documentos que acrediten el dinero. Se hizo de acuerdo a los estándares de arrendamiento de servicios de profesionales extranjeros, dice el informe del Poder Ejecutivo.
En el juicio sólo se obtuvo el procesamiento (a distancia) del ex-canciller Juan Carlos Blanco, ya procesado en Uruguay desde 2002. En 2013, se le benefició con prisión domiciliaria.
A los otros 13 imputados no se les pudo conectar con los delitos de los que eran acusados.
El único que podía ir realmente preso era el capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, pero fue sobreseído.
En enero de este año, el fallo del Tribunal de Roma fue considerado "un fracaso" por las organizaciones de familiares de detenidos de-saparecidos. En la delegación, en representación del gobierno, estaba el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.
La información fue brindada a solicitud realizada en el marco de la ley de acceso a la información llevada a cabo por Elba Rama, una ex-reclusa política de la dictadura.
En un primer pedido por via administrativa, el ministerio se negó a dar el dato. Por el nuevo mecanismo, la información fue proporcionada al abogado de Rama, el doctor Juan Ceretta.
