El mensaje se repitió en las intervenciones de cada uno de los integrantes de las diferentes gremiales: no están en contra del uso de medios electrónicos de pago pero sí creen que los aranceles que les cobran por utilizarlos deberían regularse por ley.

La Comisión de Hacienda de Diputados recibió el miércoles a tres representaciones empresariales para escuchar qué tenían para decir sobre el proyecto de ley —uno de los que se han presentado— que busca fijar a cuánto pueden ascender los aranceles exigidos por los sellos emisores de las tarjetas.

Los comerciantes argumentan que, ley de inclusión financiera mediante, el pago con estos instrumentos creció, lo que impacta en su rentabilidad. Critican, además, que las grandes superficies obtengan mejores condiciones (las que se traducen en menores aranceles) por convenios con los sellos.

Para el débito hoy los aranceles oscilan entre 2% y 2,2%, y entre 4,5% y 4,9% en el caso del crédito. Las gremiales buscan que esos números bajen.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra), Walter Sosa, sostuvo que el uso de plásticos trepó en este sector (pasó de 4% de participación previo a la ley a 28% en el último año y medio, dijo), al tiempo que remarcó que la suya es una actividad tarifada. En este escenario el uso de medios electrónicos "provoca una incidencia negativa directa" en la "ecuación económica", afirmó. "En el Ministerio de Economía y Finanzas la solución que se nos sugirió fue que las empresas no acepten más tarjetas de crédito", a lo que calificó como una "actitud inaceptable" para un sector que, entre otros, efectuó una "fuerte inversión en tecnología".

Por su parte, el director de la Confederación Empresarial (CEDU), Julio César Paillex, planteó que tanto bancos como sellos ejercen "una posición dominante y leonina en la negociación que tendría que ser entre privados". Además, sostuvo que la diferencia entre los aranceles que se cobran a las grandes superficies y a las micro y pequeñas empresas "está conduciendo a una macrocefalia empresarial". El presidente de CEDU, Miguel Feris, indicó que las promociones que hacen los bancos "distorsionan" el mercado y "mata al pequeño comerciante".

La última gremial en dar su opinión fue el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu). Su gerente general, Adrián Cabrera, dijo que los costos de los aranceles golpean una rentabilidad magra (la situó entre 5% y 5,5%). "Son muy pocas las salidas: el tipo se funde o pasa a la clandestinidad porque no tiene la capacidad de trasladar esto al precio", dijo.

Diferencias

La presencia de estas gremiales en el Parlamento marcó de nuevo las diferencias a la interna del Frente Amplio respecto a este tema. Mientras que el sector del ministro de Economía, Danilo Astori, no está a favor de regular los aranceles por ley, el senador Leonardo De León (Lista 711) presentó uno de los proyectos arriba de la mesa.

El diputado José Querejeta (711) evidenció esto en su participación. "En lo personal no comparto la política de los compañeros del equipo económico" sobre este tema, dijo.

Así, planteó una visión contraria a la de otro frentista de la Comisión, Alfredo Asti, quien había defendido la postura de Economía.