Los altos índices de criminalidad que atraviesan a los países de América Latina y el Caribe generan que las personas modifiquen su conducta para participar o evitar la actividad criminal, hacen que los hogares destinen dinero a protegerse de ella, que las compañías asignen gastos a este rubro y que los gobiernos tengan menos para volcar a otras áreas. La inseguridad en la región es un "desafío para el desarrollo", según el estudio "Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe", elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El trabajo releva para 17 países de la región (entre 2010 y 2014) el costo de los crímenes: los sociales (victimización "letal y no letal" y pérdida de ingresos de la población carcelaria); el gasto privado en seguridad de empresas y hogares; y el gasto público (donde se incluyen los costos del sistema de justicia, el gasto en servicios policiales y en administración carcelaria).

Más allá de los avances que América Latina y el Caribe alcanzaron en los últimos 10 años —tanto a nivel social como económico—, la región continúa siendo la más violenta del planeta. Para muestra basta un botón: el 33% de los homicidios se comete en esta zona del planeta, a pesar de que solamente el 9% de la población mundial vive en ella.

De acuerdo al organismo, "el crimen en América Latina y el Caribe es costoso y genera múltiples distorsiones para todos los agentes de la economía".

Según las estimaciones del informe del BID, el delito les cuesta en promedio a los países de América Latina y el Caribe 3,55% de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra es similar, por ejemplo, a lo que la región gasta por año en infraestructura.

El BID aclara que se trata de una estimación "conservadora", ya que no incluye otros costos directos e indirectos (como programas para prevenir la violencia, gastos en salud derivados de ella o las consecuencias del delito en los precios de los inmuebles).

Este porcentaje (3,55%) es el doble del promedio de los países desarrollados, y es igual a lo que gana el 30% de la población con menores ingresos de estos países. Esto, según el BID, "subraya el grave impacto que la delincuencia tiene sobre el desarrollo de los países". En algunas geografías, incluso, esa cifra llega a duplicarse (más que nada en Centroamérica).

No es el caso de Uruguay, donde el costo del crimen como porcentaje del PIB llegó en 2014 (último dato disponible en el estudio) a 2,23%. Ese número lo convirtió en el país con el guarismo más bajo en este terreno, salvo por México, que cerró la lista con 1,92%. En el extremo opuesto, Honduras (6,51%) encabezó el ranking.

En concreto, para Uruguay en 2014 los costos del crimen totalizaron US$ 1.592 millones (en términos nominales). Solo tres países (Jamaica, Bahamas y Barbados) tuvieron cifras menores. El que presentó los mayores costos fue Brasil, con US$ 124.000 millones. México ocupó un lejano segundo puesto, con US$ 41.000 millones.

El 42% del monto que compone el costo del crimen se explica por el gasto público (en especial, servicios policiales), el 37% por gastos privados, y el 21% restante por costos sociales de la delincuencia.