El proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo que limita el secreto bancario comenzó a generar repercusiones. El tributarista, Juan Bonet, dijo que las potestades que se la dan a la Dirección General Impositiva (DGI) en el proyecto son "excesivas".

El proyecto plantea que las  entidades financieras deberán informar anualmente a la DGI toda la información relativa a saldos y rentas de las cuentas de las personas físicas, jurídicas u otras entidades tanto de residentes como de no residentes.

"El objetivo es netamente recaudatorio", dijo Bonet entrevistado por Telebuendía. Agregó que con estas medidas, el Poder Ejecutivo excede "por mucho" lo que los estándares internacionales requieren. El tributarista explica que si las medidas se aplicaran solo a no residentes, ya se cumpliría lo exigido por los estándares internacionales.

"El Poder Ejecutivo aprovecha la volada y dice yo quiero cuidar mi recaudación por lo que lo aplico también para los uruguayos", dijo.

Bonet asegura que se restringe el accionar de la Justicia y por eso se ven afectados derechos individuales. Las normativas actuales, según el experto, prevén que cada persona puede accede a la jurisdicción para decidir las controversias. Es decir, un juez puede controlar la pertinencia del intercambio de información.