Con miras a concretar las primeras citaciones en noviembre, la jueza especializada en crimen organizado Beatriz Larrieu avanza en la causa que indaga posibles delitos en la gestión de ANCAP, principalmente en el gobierno de José Mujica (2010-2015) cuando la empresa fue presidida hasta octubre de 2013 por el actual vicepresidente, Raúl Sendic, quien ya designó abogados defensores.

En abril, los partidos de oposición con representación parlamentaria (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular) presentaron a la Justicia denuncias con diversos puntos a investigar sobre la gestión de ANCAP, que entre 2011 y 2014 acumuló pérdidas por US$ 602 millones.

Tres meses después, en julio, la fiscal especializada en crimen organizado María de los Ángeles Camiño encontró mérito y solicitó a la entonces magistrada a cargo de los expedientes, Adriana de los Santos –que en agosto fue reempleada por Larrieu– dar curso a la indagatoria. Entre otras medidas, se conformó un equipo multidisciplinario para evaluar los informes surgidos de la investigación parlamentaria sobre ANCAP en los cuales la oposición fundamentó sus denuncias.

La jueza Larrieu, en un decreto judicial que firmó el 3 de octubre, pidió a ANCAP diversa documentación y que se le informen "los nombres y domicilios" de los integrantes del Directorio que firmaron resoluciones vinculadas a los hechos investigados, que fueron unificados en un expediente.

La magistrada solicitó los detalles del proceso de contratación de la agencia de publicidad La Diez, dado que la inversión en ese rubro pasó de US$ 1,5 millones a US$ 10,7 millones entre 2013 y 2014, coincidiendo con la campaña electoral.

También vinculado con La Diez, la jueza requirió información sobre la aprobación de la factura que la agencia de publicidad presentó a ANCAP por US$ 370 mil por el gasto en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora en La Teja en agosto de 2013, evento al que asistió la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

A su vez, también en relación a la agencia de publicidad, Larrieu solicitó el detalle de la propuesta publicitaria de la radio comunitaria La Propia de Quebracho, departamento de Paysandú, donde ANCAP pautó sin que la emisora estuviera al aire.

Por otra parte, la jueza pidió información sobre "apoyos económicos y auspicios" resueltos por ANCAP en el período pasado en relación a distintos eventos, como la "Trotancap", los stands en ferias de Rusia, Paraguay, la Rural del Prado y fondos volcados al carnaval en 2014 y a la murga Agarrate Catalina.