Hace casi tres años, cuando la ley de inclusión financiera era todavía un proyecto, una carta dirigida al ministro de Economía del momento, Fernando Lorenzo, generó malestar en la sede de la calle Colonia. En el texto, quien se desempeñara como el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Julio De Brun, sostenía que la iniciativa –que todavía no había llegado al Parlamento– era, entre otros, "un misil en la línea de flotación para todo el negocio de cuentas personales en el sistema bancario".

En mayo de 2014 la norma entró en vigencia y sacudió al sistema financiero nacional. A fuerza de algunos de los incentivos que incluía la ley, los uruguayos empezaron a adoptar de manera más intensiva el uso del débito, en detrimento del efectivo, al tiempo que los comercios que todavía no contaban con la tecnología para aceptar este tipo de pagos, tuvieron que empezar a hacerlo, entre otros cambios.

Los bancos privados sostienen hoy que aún es temprano para medir de manera cabal los impactos de esta ley. De todas maneras, el actual director ejecutivo de la ABPU, Jorge Ottavianelli, dijo que desde el punto de vista de la rentabilidad la norma no ha beneficiado al sistema bancario local, al menos en el corto plazo.

"Si bien ha tenido un efecto directo de mayor ingreso por aranceles –que al mismo tiempo bajaron– esto más que se ha compensado por la pérdida de cobro de las cuentas de salarios que se cobraba previamente", sostuvo ayer cuando participó de la mesa redonda titulada "¿Cómo evaluar las políticas de inclusión financiera?". De la discusión –que se dio en el marco del II Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera– también participaron el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, y el presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar.

Los bancos privados dejaron de percibir US$ 10 millones por año por las comisiones de cuentas salarios, que no cobran más, según cálculos de la gremial. De todas maneras, la visión de la gremial es que esta situación se revertirá en el largo plazo y la normativa pasará a favorecerlos, añadió Ottavianelli.

El director ejecutivo de la gremial –quien valoró la "gradualidad" con la que se han ido implementando las diferentes etapas de la ley– indicó que los usuarios del sistema son los "grandes beneficiados", dado que ya no tienen que pagar algunos servicios bancarios por los que antes sí abonaban.

Varios productos "han funcionado muy bien" desde la implementación de la ley, dijo, y resaltó a la tarjeta de débito, a la que calificó como el "producto estrella".

El representante de la gremial que nuclea a las siete instituciones que manejan el 98% del negocio de los bancos privados brindó algunas cifras para ilustrar este crecimiento. La cantidad de clientes con tarjetas de débito que efectivamente se utilizan aumentó 65% en estos bancos si se comparan los números previos a la ley de inclusión financiera con los actuales. Las cuentas salario, en tanto, crecieron 20% en el mismo periodo. Además, Ottavianelli agregó que seguramente se verán "crecimientos mucho más altos" en los próximos meses, producto de la entrada al sistema de un nuevo contingente de trabajadores que hasta el momento seguía cobrando en efectivo.

A las pérdidas generadas por la gratuidad obligatoria de las cuentas sueldo, el ejecutivo agregó las inversiones tanto en promociones asociadas a las tarjetas –que previo a la ley no existían porque no se fomentaba el uso del débito, explicó- como otras en desarrollo de software.