En los últimos cinco años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debió pagar 655 sentencias de condena, luego de que varios privados hayan decidido litigar contra la administración pública. O lo que es lo mismo, en ese período de tiempo, el Estado perdió casi tres juicios por semana: 2,52 para ser exactos, según un estudio  elaborado por los abogados Gianni Gutiérrez y Marcelo Marchetti –de Ferrere– para el libro titulado Límites a la creación y recaudación de impuestos. 

El número de sentencias podría ser incluso mayor, ya que la investigación legal ha dejado fuera aquellas sentencias que debió asumir el Poder Legislativo, como así también las relativas a las 19 intendencias departamentales. 

Daños a terceros

"La Constitución establece que cuando un funcionario del Estado le causa daño a un tercero, por ejemplo una ambulancia de ASSE choca y le rompe una pierna a alguien, este demanda al Estado y este tiene el deber de analizar la conducta, en este caso del conductor, y si fue groseramente negligente —porque habla de culpa grave, no es una negligencia estándar— tiene que iniciar un juicio contra ese funcionario", explicó Marchetti. 

Sin embargo, de todas las condenas que implicaron que el gobierno deba pagar por daños a un particular, solamente en 11 casos se inició un procedimiento de investigación interna por negligencia. Tres correspondieron a situaciones contra militares y ocho contra policías, "por exceso o uso indebido de la fuerza pública en procedimientos de represión del crimen".

El estudio, que se elaboró con el espíritu de comparar la vara con la que el gobierno persigue la evasión y la que usa para medir el derrochador gasto público, es decir, a los funcionarios negligentes, concluye que el Estado aplica dos criterios diferentes: uno para castigar al contribuyente que, por cierto, suele ser muy drástico, porque todos sus bienes pueden ser embargados; y otro que es notoriamente más compasivo con los funcionarios públicos, quienes con sus acciones inapropiadas ponen en juego la recaudación estatal, asegura el estudio. 

A modo de ejemplo, los autores de la investigación explicaron que "mientras el contribuyente es perseguido por un instituto que es superpoderoso, como la Dirección General Impositiva (DGI), y que en cada Rendición de Cuentas se le agregan más prerrogativas, del otro lado están los decisores de gasto, que tienen una especie de impunidad".

Asimismo, el estudio agrega que el Tribunal de Cuentas, que tiene la competencia de vigilar el gasto público, hace 40 mil observaciones por año "y no es escuchado".