Con la Constitución en una mano y el escrutinio final en  la otra, Guillermo Besozzi espera que en cualquier momento le llegue la noticia de su libertad de movimientos o el cedulón que lo condena a cumplir una sentencia que aunque aparezca ridícula a los ojos de decenas de miles de votantes, puede resultar fuerte, dolorosa y a la vez histórica.  Todo depende de la voluntad de la jueza cuyo proceder (al menos en cuanto a la corrección del camino tomado) acaba de tener el aval del Tribunal de Apelaciones.

Una cosa es el procedimiento seguido y otra cosa el contenido de la sentencia que de no ser modificada le impedirá al Intendente electo asumir sus funciones al menos hasta el 9 de setiembre cuando se vence el plazo de la medida cautelar.

Se especula con la hipótesis de que el veredicto popular del pasado domingo 11 le da a Besozzi la legitimidad de ejercer el poder como autoridad máxima departamental un derecho político que choca con una resolución judicial que establece que Besozzi persona está inhabilitado para ingresar a cualquier recinto o dependencia municipal.

Y eso ha llevado al razonamiento natural de que “bueno, si no puede entrar a la Intendencia gobernará desde la vereda de enfrente” o, como lo ha expresado “desde una carpa en la plaza”.

Pero el problema es que detrás de la resolución de impedirle la entrada, está el fin de que no pueda acceder a ninguna documentación comprometedora capaz de interferir en la búsqueda de elementos relacionados con el juicio que se le ha entablado.

Entonces, entender qué quiere decir exactamente no ingresar es fundamental, porque desde la vereda, desde la plaza o desde la chacra en que reside, el intendente estaría ingresando de modo virtual disponiendo ahora por mandato legítimo a sus dependientes, precisamente aquellas medidas que la jueza quiere evitar.

Ingresar es lo de menos, ya que presencialmente o de manera virtual el resultado es el mismo. 

Así que, visto desde afuera hay dos caminos posibles: o la jueza dispone el retiro de las medidas que oportunamente dictó y mantuvo tras el recurso que diligenciaron los patrocinantes del defendido, o Besozzi se verá obligado a abstenerse de gobernar, a menos que quiera correr el riesgo de caer en desacato, que le saldría muy caro.

Y si ocurriera que la justicia mantiene su fallo por convicción, por tozudez,  por revanchismo o por las razones que sean, el Partido Nacional  que ha venido proclamando que estamos ante un acto de tremenda injusticia, plantará la bandera de la estafa y del fin de las relaciones y empezará para el país un ciclo mucho más tenso y conflictivo como jamás conocimos en la historia presente.