Cuando se estaba realizando el encuentro entre el presidente y los líderes de la oposición ocurrió, según el diario El País, una consulta directa de Lacalle Pou al titular de Cabildo Abierto Guido Manini. Aparentemente la pregunta fue tajante  si bien no hay actas para una lectura literal de las palabras usadas por el primer mandatario. Quería que Manini dejara en claro ante los presentes qué actitud habría de tomar Cabildo frente al tenor de los hechos. De acuerdo a la misma crónica Manini dejó tranquilidad entre los asistentes de que (al menos por este caso) no tomaría ninguna medida que implique desestabilizar la coalición.

Ello ocurrió inmediatamente después que el presidente diera explicaciones sobre el desenvolvimiento de los cuatro jerarcas renunciantes. Para él la crisis está superada. Así lo cree, pero ¿está superada en la opinión pública?

Porque minutos después en la conferencia de prensa cerró con una afirmación diametralmente opuesta a las opiniones de la mayoría. Aseguró que “el pasaporte tenía que ser entregado sí o sí a Marset porque, aunque no nos guste, la ley lo ampara”. ¿Lo ampara?

La normativa sobre expedición de pasaporte común en su capítulo 3º referido a las autorizaciones (varias veces modificado) sostiene entre sus requisitos que “cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviese conocimiento de causas o circunstancias que hubiesen obstado su otorgamiento, prevendrá a las autoridades del país donde se encuentre, por medio de la autoridad competente.

Por otro lado, "en el caso de ciudadanos legales que se encuentren indocumentados y manifiesten su deseo de regresar a la República, se expedirá un documento válido directo a la República por un solo viaje, comunicando en forma inmediata a la autoridad competente el medio de transporte y fecha de arribo al país" (Art. 33).”

Y agrega que “a los uruguayos que no presenten documentación se les exigirán los trámites que la administración prevee incluyendo información de antecedentes judiciales en el Uruguay y consulta a la filial INTERPOL respectiva, o prueba testimonial en la que deberá constar declaración de por lo menos dos personas de conocimiento del funcionario consular y a satisfacción de éste.”

En la interpretación del presidente estaba “clarísimo” el derecho de Marset. La pregunta entonces es ¿para qué tanto alboroto, reuniones secretas y destrucción de documentos? Hubiera bastado simplemente con anunciar que legalmente Marset tenía derecho porque lo dice la ley. Pero la verdad es que la ley no lo dice.

Y otro suceso que llama la atención es que los cuatro jerarcas involucrados hayan renunciado por propia decisión exonerando así al presidente de cualquier cuestionamiento porque no es lo mismo renunciar que ser destituido y probablemente el presidente haya elegido la tranquilidad de las decisiones ajenas, aunque esto es apenas un detalle. 

Lo que más tiene que preocupar (dentro y fuera del gobierno) son las repercusiones que este tipo de sucesos provocan. Es muy cierto que buena parte de los electores a la hora de tomar decisiones se manejan con rumores, titulares, comentarios que escuchan y a veces hasta por imitación de lo que otros hacen. Por ahora parecería que el presidente sigue flotando porque las culpas las asumen otros. Ahora bien ¿y qué pasa con los integrantes del coro de colaboradores? Siempre habrá políticos que se salven de los incendios, pero el problema está en los que los rodean. Y de cualquier manera con este episodio y con otros nos queda un dejo de tristeza porque somos de los que creemos que tenemos que ser capaces de fabricar entre todos un país creíble.