La propuesta se cuestionó desde el primer momento porque como tantos proyectos que parecen justos y necesarios parecen imposibles de realizar. Una cosa es el crédito como vía para acceder a los bienes de consumo y otra la deformación en manos de instituciones y particulares inescrupulosos que capturan en sus redes de cacería a cientos de miles que no han tenido otra alternativa.

El problema no es el crédito; el problema es dejar de pagar porque el atraso, la refinanciación y los costos adicionales pueden llevar una cifra prestada a multiplicarse por 10.000 y terminar con los bienes del deudor.

Si bien los llamados “colombianos” (que a vista y paciencia instalaron un sistema de préstamos para desesperados) son señalados por su forma de cobrar, no menos duro es el trato de las financieras, casi todas apéndice de los bancos que apelan a otros métodos como los fideicomisos un nombre bonito para disfrazar verdaderos atentados contra la gente. A las financieras no les conviene el pago puntual del deudor; les conviene que se atrasen. Y mucha gente se atrasa porque la vida es dinámica y lo que hoy parece posible de cumplir mañana puede cambiar.

Si sacamos la cuenta de lo que terminan sumando las “cómodas cuotas” que se ofrecen por un préstamo tomaremos conciencia del abuso. Pero la ley protege este tipo de intereses, e imaginemos las cifras cuando se aplican intereses por mora.

Ahora bien: estamos de acuerdo que todo esto es muy parecido a una estafa permitida y la propuesta del proyecto legislativo es a primera vista totalmente compartido. ¿Por qué entonces no rige desde hace años? Quizá porque un perdón generalizado no haría otra cosa que alentar a la gente a entrar de nuevo en el círculo de préstamo-deuda-castigo.

Es tan complejo el tema, tiene tantas aristas y combina al mismo tiempo a la jubilada inocente con el deudor contumaz, que se hace difícil hacer justicia, y además afectaría el funcionamiento del aparato financiero que tanto cuidan los gobiernos de todos los signos porque todos alguna vez hemos estado tentados de “tenerlo ahora” y pagarlo de a poco.

Entonces ¿qué pesa más? ¿A quién hay que proteger?. Como a diferencia de otros casos, aquí no hay camino del medio, toda medida que se tome en favor de los deudores y en contra del sistema activará el riesgo.

Presentar una propuesta que de antemano se sabe que no puede prosperar suena a demagogia, pero no podemos pensar que esa haya sido la intención facilista de aparecer ante la opinión pública como salvadores o dueños de ideas exclusivas. Más bien suponemos que lo que inspira el proyecto legislativo es la desesperación ante un hecho injusto a todas luces.

Y si miramos hacia atrás en el tiempo comprobaremos que esta historia se viene repitiendo casi que desde siempre, casi desde el día siguiente a que el hombre inventó la moneda. Y como ejemplo basta tener en cuenta que 540 años antes de Cristo, Polícrates un gobernante de la ciudad griega de Samos ya había estafado a los espartanos con monedas de oro falsificadas.