Si alguien pretende entender el actual entramado de la Fiscalía tendrá que destinar varias horas de su tiempo. Aun así, le quedarán preguntas mientras lo seguirán persiguiendo las sombras de lo que seguramente está detrás de todo esto y que no es nada chico.

Que un fiscal acorrale a una colega contra la puerta en medio de un griterío descomunal no es nada común, tan poco común como esperar al presidente de la República para llevarse detenido a su custodio.

La síntesis de los sucesos derivados del caso que ocupó los titulares internacionales es larga y se ha repetido en demasía. Cada vez que se habla del caso se suceden los mismos relatos pero no es de esto a lo que queremos referirnos sino al porqué.

La suerte de cada uno de nosotros ha quedado en manos de las fiscalías porque la reforma del Código le trasladó a los fiscales una responsabilidad que antes estaba en manos de los jueces. 

Fue en la administración Vázquez cuando el entonces Fiscal General de la Nación Jorge Díaz (el “jefe” de todos los fiscales del país) convenció al presidente de impulsar el proyecto. 

Lo redactó y lo presentó de tal forma que pareció la solución a situaciones que se estaban poniendo difíciles con una inseguridad en crecimiento y protestas de la opinión pública. Pero lo que nadie imaginó entonces era que depender directamente del poder político debilitaría una de las patas del Estado y beneficiaría probablemente al partido político de turno.

El Estado precisamente (y todos lo sabemos desde la escuela) sostiene su equilibrio en tres poderes: el Ejecutivo que ejecuta las leyes, el Legislativo que las elabora y el Judicial que aplica la justicia ante cualquier controversia, todo bajo el manto de la Constitución que ha escrito cada renglón de su cumplimiento. Así lo imaginó el barón de Montesquieu en la Francia de 1848 y así rige hasta hoy sin que nadie haya encontrado un sistema mejor. 

Pero qué pasa cuando uno de los poderes se va de madre?. Aquí cerquita en Argentina la pelea apunta a que la Justicia no está en manos de  probos e inmaculados actores, sino en cuestionados operadores que según la denuncia han formado un gobierno paralelo al elegido en las urnas.

¿Y si alguien no hubiera tenido en cuenta que al debilitarse el Poder Judicial se beneficiaría el sector político? 

Entonces podría ocurrir que el enorme poder que acumula en sus manos la Fiscalía General de la Nación la convierta en un codiciado trofeo capaz de provocar disputas como las que hoy enfrenta a los partidos políticos entre partidarios de un Fiscal General o de un  triunvirato sobre los cuales procurar influir según los casos.

Quizá todo esto es simple especulación. 

Pero entonces ¿por qué tanta pelea como jamás se ha visto?