El año se perfila como un tiempo cargado de episodios que parecen conducir a la decadencia gradual. El arco político parece dispuesto al auto-suicidio sin reparar en que hay conceptos y palabras que no tienen marcha atrás. Parece venirse una batalla de agravios, trepadas, codazos y patadas dentro y fuera de cada sector, grupo o partido.

Si así estamos a dos años de entrar a la recta final qué podemos esperar de este año que acaba de nacer y además transita los meses de verano cuando la calma suele imponerse y aún estamos lejos de que parta el ciclista que será último.

Hoy mismo, uno de esos sectores partidarios “Ciudadanos” tiene una instancia delicadísima cuando los diputados y senadores que lo integran deban analizar la conducta de su líder el ministro Adrián Peña enterados de que parece haber mentido dos veces lo que es gravísimo.

Mintió la semana pasada cuando desde la prensa lo denunciaron por haberse atribuido un título que no tiene. Respondió en esa ocasión que si bien la acusación periodística era cierta “se le pasó”. Pero fundamentó que le había llevado al presidente Lacalle las pruebas y que el título estaba en sus manos. Cuatro días después se prueba que no es cierto, después que hasta el ex presidente Sanguinetti en su afán por defenderlo dijera que lo importante es que el título está. Tal parece que lo que presentó ante el presidente Lacalle fue apenas el detalle de su escolaridad lo que lo descalificaría definitivamente.

Título sí o título no, es lo que menos importa. 

Lo que sí importa es la irresponsabilidad de mentir, un hecho que por ser consciente ya lo habría sacado del trillo si nuestro país le hubiera dado a la mentira la importancia que merece dentro de los delitos punibles. Muchos países lo han hecho y hasta presidentes han caído no por sus actos de corrupción sino por haber mentido. En algunos estados de Estados Unidos se pena con cinco años de cárcel efectiva y hasta el propio Bill Clinton fue demandado por ello en 1998.  Incluir la mentira dentro del listado de delitos punibles ha sido para muchos países el resultado de un difícil proceso que parece no ir en consonancia con la idiosincrasia uruguaya proclive al “más o menos”. De todas maneras el Código Penal uruguayo incluye penas por falso testimonio, pero algunos artículos tienen una redacción que los hace pasibles de doble interpretación.

“Ciudadanos” tiene que tomar una de las decisiones más complejas de su existencia: bajar a su principal dirigente o justificarlo con lo que perderá aún más. Es que más de un dirigente abandonará sus filas y otros se resignarán a recibir el castigo de las urnas. No es fácil.

Y no basta con que Peña pida disculpas. Será difícil creerle porque ya lo hizo y a las pocas horas la Universidad privada a la que concurrió no pudo o no quiso expedirse.

La mentira no es patrimonio exclusivo de una persona. No hace mucho, el caso Marset puso en la cuerda floja a otros jerarcas como el propio canciller Bustillo que se escapó aunque dejando todo un rastro de sospechas. O el ex ministro de Turismo Cardoso o tantos otros incluyendo el abanderado de los mentirosos Raúl Sendic.

Y entonces, cuando ante las preguntas de la prensa, políticos de renombre pretenden justificar lo injustificable utilizando argumentos que sólo creen los desvariados, los ignorantes o los fanáticos, la sociedad se empieza a decepcionar. Lo hace de a poco, gradualmente, casi sin que se note. Pero se nota cuando los encuestadores preguntan a quién votar y las respuestas de no sabe, no contesta o voto en blanco empiezan a trepar en los porcentajes.

Triste y preocupante para un país que todavía es mirado por el mundo como un ejemplo del ejercicio democrático republicano.