Como sociedad hemos estado estos días nuevamente sacudidos por las noticias de que el Fondo Nacional de Recursos volvió a negarse a un pedido de un paciente que debió apelar a la justicia para tener por fin su ansiado medicamento cuyo costo llegaba a más de 60 mil dólares imposible de pagar.

La discusión entre el derecho a la salud y el vil dinero volvió a instalarse poniendo al MSP en el centro de la indignación. ¿Cómo puede el ministerio decir que no y más aún apelar una resolución judicial cuando ésta es favorable al paciente?

El hecho merece ser analizado (por lo menos para entenderlo). ¿Es que el MSP es un nido de funcionarios que disfrutan del mal?  ¿o quizá cumplen decisiones que son el resultado de años de estudio del problema? Y además ¿por qué son tan caros los medicamentos conocidos como de “alto costo”?

Expresiones vertidas en su oportunidad por Tabaré Vázquez, el ministro Basso y el ministro Salinas durante administraciones bien diferentes políticamente, permitieron saber que la industria farmacéutica se ha comportado criminalmente desde hace muchos años cobrando exorbitantes precios por productos que no lo valen y cuya efectividad no está debidamente probada. Es más: no es que muchos medicamentos sean caros de producir porque contienen sustancias específicas de alto valor, sino sencillamente porque en su precio se busca compensar los años de investigación que (dicen) les costó llegar a ellos. Estudios de publicaciones científicas aseguran que el 60 por ciento de los productos “nuevos” son variaciones de otros con bases elaboradas por laboratorios de poca monta que vendieron su fórmula a las grandes empresas mundiales.

Las mismas publicaciones sostienen que la industria farmaceútica comparte los primeros lugares del ranking mundial con los fabricantes de armas, y el narcotráfico y bien pueden ser considerados una mafia. 

Las autoridades desde Tabaré Vázquez a hoy han concluido que decir que sí a los precios implicaría multiplicar por cinco los 100 millones de dólares al año que el Fondo Nacional de Recursos ya ha pagado anualmente por juicios perdidos un paso que, según Basso y Salinas llevaría al colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Claro: del otro lado está el paciente en su dolor al que también debemos atender y al que hoy los vecinos ayudamos con colectas, beneficios, rifas y tortas fritas que juntan peso tras peso para reunir el precio que las multinacionales le han puesto a su medicamento.

Incluso se ha denunciado que los principales laboratorios han preferido priorizar investigaciones en las enfermedades “raras”, escasas o puntuales, a diferencia de las comunes como las gripes porque éstas últimas consumen unas pocas píldoras de vez en cuando, mientras que las crónicas implican el consumo diario de medicamentos durante años en los que el paciente se transforma en un cliente de por vida.

Pelear contra estas prácticas del mundo farmacéutico no ha tenido solución. Es una lucha tan desigual e injusta como la propia lucha del paciente enfermo a la espera de que se autorice la utilización de una vacuna supuestamente sanadora.

Y así, el MSP y otras autoridades incluida la Organización Panamericana de la Salud ensayaron otra estrategia defensiva: obligar a las farmacéuticas a probar la efectividad de los medicamentos “nuevos” que aparecen en escena uno tras otro todos los días.

Pero como “hecha le ley, hecha la trampa”, los laboratorios le anexaron cambios a medicamentos ya aprobados por las legislaciones y así lograron sacar por la ventana lo que no podían sacar por la puerta. “Es como una Hydra de siete cabezas: cuando cortas una,  aparecen varias nuevas” había dicho el ministro Salinas hace dos años.

Todo lo anterior no está escrito ni a favor ni en contra de las dos caras que tiene esta moneda. Es sencillamente la necesidad de tratar de entender el problema desde sus diferentes costados y solamente  un estudio a fondo con  participación de todos los involucrados podrá arrojar alguna luz algún día.