El apoyo económico de empresas particulares a las campañas políticas ha estado siempre rodeado de cuestionamientos. Dirigentes políticos de todos los sectores han insistido en que es necesario transparentar las contribuciones para evitar cualquier suspicacia con futuras decisiones políticas que pueden beneficiar a quienes pusieron dinero. Sin embargo ayer fracasó la Ley que regulaba el financiamiento.

Las crónicas periodísticas inducen a trasladar la responsabilidad del fracaso por partes iguales al oficialismo y a la oposición. Pero en realidad los dos grandes sectores del abanico encontraron reparos a la hora de votar una ley que regulara el financiamiento de las campañas electorales y el tema quedó postergado para el año que viene con la amenaza de que se sigan encontrando reproches que terminen dejando vacía la ley. El texto debía aprobarse ayer en la Cámara de Diputados, pero hubo negativas de diferentes sectores. A la hora de buscar responsabilidades la oposición la encontró en el retiro de sala del Diputado frenteamplista Darío Pérez y el oficialismo la atribuyó a la decisión de blancos y colorados de no aceptar el levantamiento del receso parlamentario para volver a tratar el tema en vacaciones.

La sesión transcurrió con fuertes acusaciones cruzadas e insinuaciones de que se quiere proteger una práctica  con muy mala prensa como la de  realizar aportes financieros a determinados partidos políticos para más adelante encontrar simpatías en decisiones del gobierno de turno que puedan resultar favorables a intereses empresariales.

Se ha dicho y se ha comprobado que determinadas empresas contribuyen a varios sectores políticos, tanto en lo nacional como en las campañas departamentales. Por ello sectores minoritarios de la política impulsaron un proyecto de ley que obligara a una declaración jurada de los aportes con nombre y apellido.

Después de tantas discusiones la sesión se levantó sin tomar resolución.