Un nuevo misterio rodea a la explosión que habría causado el naufragio del submarino argentino ARA San Juan, que dejó sin reacción, en el fondo del mar, a sus 44 tripulantes.

Entre la documentación que el jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, dejó en la Cámara de Diputados hay un informe confidencial de la Armada, datado el 30 de noviembre de 2017, quince días después de la última comunicación del buque.

Como dato revelador, indica que "se recibió información de tres fuentes diferentes de organismos internacionales que dan cuenta de una anomalía hidroacústica en proximidades de la última posición conocida del submarino San Juan".

Hasta ahora se conocía que la explosión había sido registrada por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, y por un informe del analista Bruce Rule, de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, que reveló que el submarino colapsó en menos de un segundo.

Según pudo saber La Nación, esa tercera fuente podría ser la Royal Navy -la armada de Gran Bretaña-, que también habría detectado una explosión, en forma coincidente con los otros dos registros.

Esa posibilidad, hasta ahora nunca admitida oficialmente, generaría un fuerte impacto en el ámbito político y militar, por tratarse de un registro obtenido en áreas próximas a la zona de Malvinas, que Argentina disputa con Gran Bretaña.

Ante sendas consultas realizadas por el diario argentino, ni el Ministerio de Defensa ni la Armada Argentina dieron crédito a la versión. Voceros navales oficiales indicaron que el documento podría referirse a informes de Estados Unidos, del organismo con sede en Viena y del analista acústico Rule.

El documento confidencial está firmado por el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien concentraba en la Base Naval Puerto Belgrano la coordinación del operativo de búsqueda.

Mencionado como posible sucesor del entonces jefe de la fuerza almirante Marcelo Srur, López Mazzeo fue pasado a disponibilidad por su superior, a través de una resolución muy cuestionada en el ámbito naval y en el propio Ministerio de Defensa, que sin embargo sigue vigente.

En otro informe confidencial, la Armada advertía sobre la falta de medios y de adiestramiento suficiente para el procesamiento, análisis e interpretación de datos, y reclamaba la adquisición de software y hardware adecuados para desarrollar esa tarea durante la emergencia.