En la búsqueda de que se pague lo que se les adeuda, se iniciará una ronda de contactos con diputados y senadores de todo el país. Mientras tanto suspenden toda actividad relacionada con el nuevo CPP, el CPA y trámites de expedientes que vinculen bienes patrimoniales del Ejecutivo.

La medida tomada no parece a primera vista, tan grave como se esperaba. Supuestamente hay una apuesta al diálogo, con reclamos a la Suprema Corte de Justicia, para que incluya en su mensaje de Rendición de Cuentas, los montos para la adecuación salarial y el pago de lo adeudado.

También se le reclamará al Poder Ejecutivo que incluya en el próximo mensaje de la R. de C. los montos respectivos. En cada departamento se llevarán a cabo contactos puntuales con los representantes nacionales, de tono informativo. En los asuntos de contenido patrimonial donde el Estado sea actor, no se tramitarán expedientes encomendando al Consejo Ejecutivo la exploración de sus efectos.

Se suspenderá toda actividad relacionada con el nuevo Código de Proceso Penal y Código de Procedimiento Aduanero, que se oriente en la planificación de proyectos de infraestructura edilicia, adquisición de bienes muebles, integración de tribunales de concursos, y otras tareas administrativas.

Se aplicarán paros sorpresivos con la finalidad de debatir y difundir la marcha del conflicto, y finalmente se facultó al Consejo Ejecutivo a disponer paros de 24, 48 ó 72 horas, cuando las circunstancias lo ameriten.