En 2020 en Colonia Garibaldi de Salto, el Presidente Lacalle y el recientemente asesinado Gonzalo Aguiar, inauguraron lo que se prometía como "la planta de secado de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica". Al comenzar a operar se anunciaba que daría trabajo a 400 empleados, pero de golpe los trabajadores fueron despedidos y entró en concurso. Accionistas de Canadá que habían financiado la obra, denunciaron penalmente a Gonzalo Aguiar, el empresario salteño a quien destituyeron del cargo y aseguraron que había realizado un desfalco de más de 17 millones de dólares, un caso que venía siendo investigado por el Fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez.

La empresa establecía en su sitio web que generaría 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos, pero en la denuncia los canadienses acusaron a Aguiar de falsificar documentación del BROU mandando comprobantes de venta por 90 millones de euros, cuando era imposible que una empresa de cáñamo que comenzaba a operar, facturara semejante cantidad.

La empresa tenía suspendido el certificado del BPS para exportar y enfrentaba una acción legal alegando que Aguiar los engañó sobre el proyecto de cannabis y malversó el dinero de la inversión.

Aguiar le había ofrecido a los canadienses el negocio en Uruguay por ser uruguayo y porque alegó tener conexiones con experiencia en regulación bancaria y gubernamental en Uruguay y también influencia política debido a la relación de su padre con el ex Presidente José Mujica, quien había legalizado el cannabis en el país.

El crimen ocurrido sobre las cuatro de la madrugada de ayer lunes, se registró cuando Aguiar concurrió a la finca donde vivía su ex mujer para llevarse la niña de ambos, y, tras una fuerte discusión, ésta lo asesinó de dos disparos.