La decisión de pagar 750.000 dólares por un dron quedó sin efecto, después de fuertes protestas en el directorio de la empresa. El contrato se había hecho con la empresa Lunacar a quien se había prometido comprar el aparato con la finalidad de ser utilizado en la revisión periódica de las torres de los tendidos de alta tensión. Aún cuando la venta era abusiva, la empresa nunca cumplió con la entrega, negocio en el que había aparecido como intermediario Alejandro Astesiano.