Después de efectivizar por quinto año consecutivo el programa UTE premia, con el que se bonificó la factura de 1 millón de usuarios, el ente apunta ahora a regularizar a unas 70.000 familias que están colgados de forma ilegal a la energía eléctrica.

UTE pierde US$20 millones al año y para  el presente año tiene entre sus objetivos regularizar a 3.200. Anualmente se concretan unas  15.000 inspecciones  y muchas veces se comprueba que la conexión ilegal es de forma reiterada, yendo esos casos a la Justicia. 

Para el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, regularizar  estas situaciones implica un “cambio cultural” y llevarlo adelante en forma “aislada” es muy difícil.   En los últimos años aumentaron la cantidad de regulaciones que se hacen: en 2014 fueron 1.500 y en 2015 uno 2.500.

Casaravilla entiende que el tema es un compromiso de todos y que no es fácil de resolver, pero desde el ente se hará lo posible.