El gobierno busca saber si hay delito en la información confidencial que se filtró a la prensa por haber estado protegida jurídicamente por el secreto nacional. La información la dio TV Ciudad mostrando el documento que días antes habían compartido diez legisladores en una reunión ultrasecreta con el secretario de Inteligencia Alvaro Garcé.

La filtración se transformó en un impacto de proporciones a poco que Garcé se hubiera reunido en el Parlamento para informar de los lineamientos del plan de inteligencia nacional, en el que se incluía una orden suya a la policía para investigar acciones terroristas y la presencia en Uruguay de extranjeros sospechosos de integrar organizaciones, cuyos objetivos iban a tener como blanco empresas multinacionales y centros religiosos.

Ahora la situación no sólo debe llevar a la investigación de por qué se filtró, sino también si configura una acción anti-jurídica con una fuerte apariencia delictiva. En la reunión que presidió el Senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano estuvieron presentes los legisladores Graciela Bianchi, Gustavo Penadés y Alvaro Viviano, todos del Partido Nacional; el colorado Raúl Batlle, los frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mariano Tucchi y Diego Reyes, y por el Partido de la Gente Luis Alberto Posse.

No había ningún funcionario y tampoco se realizó versión taquigráfica y  ni siquiera amplificación para evitar toda posibilidad de que se filtrara a la prensa. 

Ahora las dudas apuntan a que fue uno de los legisladores participantes, sin descartar la posibilidad de que una operación de contra-inteligencia hubiera intervenido para desacreditar al gobierno, en momentos precisamente en que, tras la separación del cargo de Astesiano, hay una situación de ebullición en los mandos del Estado.