En el marco de una serie de recorridas por el interior del país el representante de los empresarios ante el Directorio del BPS, José Pereyra, estuvo en Mercedes, afirmando que “considero que es muy importante estar en las localidades del interior no solo con el objetivo de conocer los desafíos que se enfrentan, sino también en la posibilidad de aportar soluciones”.

En relación a las certificaciones médicas y al abuso que existe en el uso de las mismas, Pereyra explicó que “queremos a través de una ley poder reglamentar el uso de estas certificaciones, ya hemos planteado el tema con legisladores de varios partidos para poder trabajar en esa línea. Sabemos que el año pasado se invirtieron 200 millones de dólares solamente en certificaciones médicas y este año comenzamos en enero con un récord histórico de certificaciones y creemos que muchas de ellas son parte de la cultura del abuso que hoy es un flagelo para la comunidad y las pérdidas que genera el estado si pensamos que ese dinero podría ser invertido de otra manera”.

También fue consultado sobre los excesos que hay en multas, moras y recargos en el BPS y la reforma que él ha planteado para llevar adelante. Respecto a esto indicó que “ahí vemos nuevamente la cultura antiempresarial que estamos observando, por lo que estamos con un equipo de trabajo que está trabajando en un proyecto y tomando contacto con legisladores. Nos hemos encontrado en el Directorio casos puntuales de empresarios que quieren pagar y que desde el BPS no entienden que en muchos casos hay procesos a cumplir y en definitiva generan problemas que deben atenderse individualmente para encontrarle solución”.

Finalmente habló también sobre las mejoras que se buscan implementar en el pago de los impuestos a nivel de la construcción, explicando que “en nuestras recorridas encontramos un Uruguay deteriorado, triste, apagado, y muchas veces hablamos con los dueños de grandes construcciones consultándoles por qué no se arreglan las fachadas porque en muchos casos son la imagen de una localidad. La respuesta es que los costos que impone el BPS para hacer estas obras son prácticamente impagables, porque más del 75 % de lo que cuesta la reforma van para los impuestos y eso genera que sea muy caro construir porque el peso del Estado es muy importante”.