Con el respaldo de 20 Asociaciones y Colegios de Abogados del Interior del país se emitió en las últimas horas una declaración pública en la que se hace referencia a la situación del Poder Judicial y el diferendo con el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. 

El Colegio de Soriano respalda la misma, que indica que: “Las Asociaciones y Colegios de Abogados del Interior de la República, tanto los que cuentan con personería o actuación independiente del Colegio de Abogados del Uruguay como los que son filiales del CAU, ante las versiones transcendidas a través de la prensa que atribuyen que, desde la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay Dr. Diego Pescadere dejaría de ser un ‘interlocutor válido’ como consecuencia de sus declaraciones públicas publicadas en el Semanario Búsqueda, DECLARAN:

1. Que, en un sistema democrático y republicano de gobierno, el Estado no está facultado a través de ninguno de sus órganos, para señalar qué personas deben o pueden ejercer la representación de las instituciones privadas, en el caso el Colegio de Abogados del Uruguay, cuando las mismas han sido electas conforme a las normas aplicables y cumplen sus cometidos y funciones en el marco de la ley y sus estatutos.

2. Que, cualquier injerencia o restricción constituye un proceder reprobable por vulnerar los derechos y garantías que incumben a la institución y al funcionamiento del Estado de Derecho.

3. Que, el contexto excepcional de distorsión de la actividad judicial que atravesamos impone que desde la Suprema Corte de Justicia se garantice el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia. Desde la Abogacía Nacional se han aportado múltiples iniciativas en ese sentido y se seguirá por esa senda, defendiendo los derechos de las abogadas, abogados y de los justiciables, y en el respeto de las normas y principios contenidos en la Constitución de nuestro país en el marco de un Estado de Derecho.

La iniciativa a soluciones, sugerencias y aún la crítica a las instituciones públicas, no debe ni puede ser interpretado en términos de afrenta por parte de ningún servidor público.

4. Que, en las actuales circunstancias que se afrontan a causa de la pandemia, entendemos fundamental se dejen de lado los desencuentros, en tanto se impone que todo el Sistema de Justicia dé muestra cabal que el interés superior a preservar es el funcionamiento de la Justicia conforme a la Constitución y a las Leyes, y que no se lesionará el indispensable, necesario e ineludible relacionamiento que la Corporación deberá sostener no solo con el Colegio de Abogados del Uruguay, sino también con todas las Asociaciones y Colegios de Abogados del país, contemplando las distintas realidades que el funcionamiento judicial determina.

5. Finalmente, las Asociaciones y Colegios de Abogados del Interior de la República, declaran su respaldo y solidaridad hacia el colega Dr. Diego Pescadere, Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, quien en el ejercicio de su cargo y desde su institución - como pocos - ha tendido puentes de acercamiento, actuación conjunta y articulación de soluciones en debates constructivos y en comparecencias comunes ante los órganos públicos, posibilitando que en esa interacción, la Abogacía del Interior pudiera tener presencia, actuando así la Abogacía Nacional en forma conjunta”.