El Banco de Previsión Social (BPS) concentrará sus inspecciones en los cuatro sectores de la economía con mayor informalidad: construcción, trabajadoras domésticas, rurales y comercio, que emplean a decenas de miles de personas.

El director Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en ese organismo, comentó que se hace una "fiscalización inteligente" basada en el cruzamiento de datos. Lo otro sería "salir a lo loco", explicó.

El BPS analiza información propia y de otros organismos con distintas variables. Con ese material se realizará "un mapa de riesgo", ya sea de empresas o áreas de actividad donde puede haber más informalidad, y "ahí se va a actuar". También hay inspecciones a base de denuncias y menos son las que se realizan al azar. Otro factor que se considera son las zafras, ya sea de actividades rurales, de empresas como el supergás y el transporte de carga, o el turismo de verano en la zona este del país. El BPS cuenta con un total de 111 inspectores que el año pasado realizaron unas 4.000 visitas a empresas y organismos.

El caso de la secretaria del ex-diputado Jorge Orrico, que pertenece al sector del ministro de Economía, Danilo Astori, dejó al descubierto fallas del sistema de controles. El BPS determinó que no se hicieron los aportes correspondientes, pero aún no decidió si debe pagarlos el ex-legislador o su sector: Asamblea Uruguay.

Para bajar la informalidad, explicó Ruiz, se trabaja en comisiones tripartitas con la participación de empresarios, gremios de trabajadores y el gobierno. El BPS tiene 260 mil empresas registradas.

Se estima que los que trabajan "en negro", es decir, sin hacer los aportes a la seguridad social, son el 20% de la población económicamente activa. 

En 2004, la informalidad rondaba el 40%. Todas las partes de esa tripartita están interesadas en combatir la informalidad. Los empresarios para enfrentar la competencia desleal que pueden presentarles compañías que al no aportar bajan sus costos; los trabajadores para asegurarse cobertura de prestaciones que de otra forma no tienen; y el gobierno que se empeña en formalizar la economía. En este momento "es difícil avanzar" por ser la informalidad "casi estructural", afirmó el director Ruiz. El gobierno aplica para ello políticas focalizadas en determinados sectores para incluirlos en la seguridad social.

El sector de las domésticas es donde más se avanzó pero aún es importante el número de las que no aportan. Se estima que hay 30 mil trabajadoras en la informalidad, que representan 30% del total del sector.

La remuneración de esas empleadas aumentó 107% en términos reales en el período 2006-2015, de acuerdo a datos del BPS. Ahora, las autoridades se plantean como "desafíos" mejorar las condiciones de trabajo, disminuir la evasión y la informalidad, mejorar la formación profesional y crear más categorías para la fijación de sueldos.

El organismo previsional está sujeto a los vaivenes de la economía por lo que sus números en rojo "no son un problema de gestión", dijo Ruiz.