Disconformes con los altos aranceles que deben pagar a los emisores de las tarjetas cada vez que realizan una venta por esa vía, varias gremiales de comerciantes -especialmente en el interior del país- plantearon a las autoridades la necesidad de rever los porcentajes que imponen los bancos.

Hoy en día el grueso del comercio paga aranceles de 2% por transacciones con tarjeta de débito, mientras que las grandes superficies suelen operar con aranceles de alrededor de 1,5%. Aunque el gobierno comunicó en las últimas semanas que se llegará a 1,5% como máximo en la medida que aumente el número de operaciones, las gremiales lo consideran insuficiente y aseguran que el Ejecutivo sigue sin escuchar sus reclamos y por eso consideran incrementar sus medidas.

Es en ese sentido que algunos comerciantes, nucleados en la Cámara Regional de Empresarios del Este (Crece), sugirieron una propuesta novedosa: impulsar un referéndum para derogar la ley de inclusión financiera. El objetivo, según un comunicado de Crece, es que esta discusión "sea resuelta por el pueblo uruguayo y no por los funcionarios que hoy se dedican a defender los intereses de las multinacionales".

Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), dijo que actualmente no están siendo escuchados por el gobierno y que esta propuesta puede estimular una negociación.

La propuesta de convocar a un referéndum en las próximas elecciones para derogar la ley de inclusión financiera será debatida el próximo 18 de este mes en una reunión de centros empresariales que se llevará a cabo en Florida.

Allí no sólo se discutirá esta última iniciativa, sino que además se presentará un proyecto de ley que está siendo redactado.

El proyecto, de recibir el visto bueno de los comerciantes, será presentado al Parlamento.

Desde Crece se incita a los comerciantes a reclutar más gente a sus filas. "Cada comercio del país se transformará en un centro activo que dialogará con los ciudadanos sobre las inequidades de esta ley. Los comercios serán auténticos mostradores de la democracia. Cada comerciante se transformará en un voluntario cívico que trabajará para defenderse del atropello, del abuso y para defender el trabajo honesto", dice el comunicado de la gremial. 

Esta última iniciativa de someter a voto popular una posible derogación de la ley es solo la última de una larga lista de propuestas y reclamos por parte de comerciantes de diversos rubros.

A principios de año, algunas estaciones de servicio de Maldonado decidieron dejar de aceptar las tarjetas de débito y crédito durante el día. Más tarde, se propuso extender la medida y hacer un "apagón financiero", pero por ahora la iniciativa no prosperó.

Mientras tanto, las gremiales insistieron en su propuesta de que sean las empresas formadoras de precios las que paguen los aranceles. Dichas empresas serían capaces de trasladar al precio el costo del arancel, algo que no pueden hacer los pequeños comercios.

Tanto Crece como CEDU sostienen que la ley que está implementando el gobierno es en realidad de "exclusión financiera". La normativa "excluye a los más necesitados, porque los marginados no pueden acceder a las tarjetas", señaló Feris.

El dirigente gremial dijo que la bancarización suele otorgar privilegios a los más favorecidos: "Eso de que pague más el que tiene más termina siendo al revés", afirmó.

Crece, por su parte, señala que la ley de inclusión financiera "ahoga al comercio y la empresa y agrega mayores cargas a los comerciantes –que son trabajadores que crean trabajo– lo que constituye una injusticia intolerable".

Dispersión insignificante

El coordinador del área de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, dijo la semana pasada que la brecha entre los aranceles no es significativa, como aducen los comerciantes. "Tenemos una dispersión entre el arancel máximo y el mínimo que es prácticamente cero, el gran comercio paga prácticamente lo mismo el pequeño comercio", afirmó en una entrevista con el programa Fuentes Confiables de Radio Universal.