El Poder Ejecutivo firmó un decreto que exonera del Impuesto al Patrimonio a las empresas administradoras de crédito "cuya cartera comercial de microfinanzas a lo largo del ejercicio corresponda al menos en un 60% del total al financiamiento a microempresas".

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri señaló en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que "no estamos hablando de una renuncia fiscal efectiva, en todo caso es potencial; pero entendemos que esa resignación fiscal está absolutamente justificada porque una de las principales restricciones (para las microempresas) es, justamente, el acceso al crédito", sostuvo.

El decreto, considera microempresas a aquellas que tengan hasta cuatro empleados y sus ingresos anuales no superen los 2 millones de Unidades Indexadas —UI— (unos $ 6.959.800 actualmente) o "sean productores familiares agropecuarios registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en tanto hayan optado por tributar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba).

Ferreri señaló que el decreto "permitirá abaratar crédito a microempresas y productores familiares a través de microfinanzas".

Explicó que "hay una ecuación económica que cambia y por lo tanto la tasa de interés que se cobra tendrá que atravesar un proceso competitivo en el mercado, porque quienes administren estos fondos podrán en la libre competencia marcar la tasa más baja que entiendan posible".

Una de las firmas que se beneficiará es la estatal República Microfinanzas (propiedad del Banco República) que en seis años ha otorgado más de 50.000 créditos por más de $ 2.400 millones. "Llegamos a 16.000 empresarios", señaló Rosana Fernández, gerente comercial.

En 2013, el entonces presidente del Banco República, Fernando Calloia había dicho que uno de los mayores problemas que ha tenido que enfrentar el sector microfinanzas es la falta de una normativa específica.

"La regulación no se adapta a la temática de microfinanzas y es similar a la regulación bancaria para dar un crédito a una empresa de US$ 20 millones de dólares, cuando estamos prestando US$ 1.000 en promedio", había afirmado.

El decreto aprobado por el Poder Ejecutivo va en la línea de lo reclamado por Calloia hace tres años.