E l acuerdo al que llegaron los senadores para salvar la Caja de Profesionales de su desfinanciamiento implicó ayer salidas “injustas” para la sociedad toda que nada tuvo que ver con el problema.

Durante años, pese a las advertencias, los diferentes directorios de la Caja siguieron cayendo en despilfarros, desorden y medidas temerarias que terminaron de hundir al organismo.

Antes, hace muchos años, los profesionales decidieron darle la espalda al resto de la sociedad y crearon su propia Caja con el fin de aportar para sí y llegar a la edad jubilatoria con condiciones óptimas. Con el paso de los años se iniciaron inversiones en campos y edificios con el fin de sacarles réditos y mejorar aún más su situación financiera. Pero ocurrió que los negocios fracasaron uno tras otro y al verse en el suelo le pidieron ayuda al resto del país. El gobierno, a través de sus representantes, llegó a la conclusión de que (por injusto que fuera) no podían abandonar a su suerte a miles de pasivos profesionales y entendieron que los platos rotos deberían ser pagados por todos (incluídos los que nunca tuvieron nada que ver), como en el cuento de los 3 chanchitos. Esto, que no se explica con claridad porque queda antipático decirlo, está basado en una pésima administración que nadie discute. Sin embargo nadie inició ninguna demanda para sancionar a quienes se atribuyen culpas mutuamente.

Será la sociedad la que tendrá que poner 51 millones de dólares aunque no quiera. Son los mismos 51 millones que podrían haberse destinado a fines más nobles.

Cualquiera de nosotros que haya visitado Montevideo habrá conocido el majestuoso edificio propiedad de la Caja y en menor medida los enormes valores en títulos de deuda, campos y proyectos de inversión. ¿Por qué no se les obliga a desprenderse de ellos? Porque el edificio está arrendado para oficinas en su mayoría y de los alquileres sale una parte del activo utilizado y porque además vender en situaciones desventajosas arrastraría a la institución a situaciones ruinosas.

En cuanto a los bienes figuran entre otros estancias en Florida y Cerro Largo alquiladas a UPM en contratos a largo plazo, la llamada Torre de los Profesionales de la calle Uruguay que cuenta hasta con sala de cine (que estuvo alquilada sin aporte) y parking, campos en Cerro Colorado y paraje Arévalo, numerosos terrenos e inmuebles declarados en un balance incompleto de hace dos años (el último que se conoció) que no estaban arrendados ni prometidos en venta, colocaciones financieras por 285 millones de dólares, en bonos del Estado letras de regulación monetaria, bonos extranjeros, créditos y valores en custodia. Con un patrimonio estimado entre 300 y 400 millones de dólares el principal problema es que hay muy pocos aportantes para la cantidad de pasividades que deben pagarse mensualmente. Muchos declaran no tener actividad, trabajan y cobran honorarios  en negro, y cuando llega la hora de jubilarse: reclaman.

¿Todo esto ocurrió a vista y paciencia de autoridades de todos los partidos?

Sí

¿Y entonces por qué nadie intervino?

Por la misma razón que oportunamente hubo que salvar a los bancos fundidos con los dineros de todos los uruguayos, propio de una época que creímos olvidada.

Pero tal parece que una vez más preferimos dejar el tema para otro día y tropezar no dos, sino  cinco veces con la misma piedra.