La Suprema Corte de Justicia deberá decidir en definitiva sobre las consecuencias de un caso policial que cambió el curso de las leyes. El día que la señora Valeria Sosa fue asesinada por su esposo un policía varias veces denunciado, se produjo tal indignación en el país que hasta el Ministerio del Interior difundiera un comunicado bajo el título “Indignación y Responsabilidad”. Era enero del 2017 y la propia secretaría de estado reconocía que había estado omisa en el cumplimiento de sus responsabilidades al tiempo que 18 funcionarios de dos comisarías fueron sancionados como consecuencia de los graves hechos. Han pasado cinco años desde entonces. Valeria Sosa había concurrido a la seccional de su domicilio para denunciar las amenazas de muerte en su contra pero los funcionarios le escondieron el escrito. En razón de los hechos y al continuar las amenazas en las que mostraba el arma, concurrió a otra comisaría donde volvió a ocurrir lo mismo. Semanas después el hombre le disparó hasta darle muerte ante la mirada de los dos pequeños hijos de ambos de 7 y 10 años. Fue tan impactante el episodio que aún se le recuerda y legislativamente dio lugar a la figura que agrava la pena cuando se trata de femicidio. En enero de 2017 el femicidio no existía. Fue recién en octubre de ese año, con la aprobación de la Ley 19.538 -que modificó el Código Penal-, que se introdujo el femicidio como agravante del homicidio. El caso de Valeria catalizó la discusión parlamentaria y derivó en la aprobación de la nueva normativa para la máxima expresión de los delitos de género. El hecho de que el policía obligara a los niños a huir con él después de semejante hecho, incidió también a la hora de decidir la instancia civil y el juez del caso dispuso una reparación moral para los pequeños de 940 mil dólares que le parecieron excesivos al ministerio que apeló la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones pidiendo una rebaja del 80 por ciento de esa cantidad estimando que 158 mil dólares eran suficiente reparación.
Ahora la causa después de cinco años vuelve a la Suprema Corte de Justicia que deberá resolver si el argumento del ministro Heber (que necesita el dinero para otros gastos) tiene un asidero explicable.
El abogado de la familia no sale de su asombro y sostiene que cuando indagó en las causas la respuesta fue “la orden vino de arriba”. Y es que ya en noviembre del 2021 Heber había dicho que “nosotros vamos a recurrir todas las instancias porque no somos responsables de un hecho ocurrido en otra administración”, como si la culpa de la demora de la justicia la tuvieran los niños. Es más, aún sobrevive la puja entre Heber y el hoy senador Charles Carrera que entonces era el tercero después de Bonomi.
¿Son válidas estas revanchas personales? Realmente es difícil salir del asombro y entender la malicia expresada en la argumentación. Y una vez más, la explicación para que el arma de reglamento no fuera quitada a tiempo y siguiera estando en manos del asesino, fue que “por alguna razón la denuncia se extravió y no fue a dar a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica” que era la encargada de quitar la pistola. Otra vez el olvido y el “nadie fue” pese a que 18 funcionarios resultaron sumariados por omisión.
¿Podemos admitir que un ministro que dice defendernos del delito, plantee sacarle a dos niños el 80 por ciento del monto fijado por la justicia? A esta altura, es demasiado.
