Al comenzar prácticamente un nuevo año de actividades la Secretaria General del Federación uruguaya de Magisterio adelantó que el 2018 será un año de lucha por las reivindicaciones destacando al tiempo los logros del 2017.
Sostuvo que al comenzar esta nueva etapa “es preciso realizar algunas líneas de balance para trazar las perspectivas de un 2018 que volverá a ser un año de lucha y movilización.
Somos conscientes que el trabajo realizado a lo largo del 2017 fue enorme, marcado por el compromiso de FUM – TEP con la Educación Pública y sus mejores tradiciones.
Por ello fue que impulsamos la campaña “Yo estoy con la escuela pública” porque entendimos la necesidad de rodear a la Educación Pública de apoyo popular, de aproximar a las mayorías nacionales a un movimiento de promoción y defensa de la Escuela Pública.
En el 2017 alcanzamos importantes conquistas, la contratación de más de 600 auxiliares, el aumento salarial por encima del IPC, la partida para que ningún director reciba un salario inferior al de un maestro; sin embargo, decimos claramente: restan muchos puntos de la plataforma por conquistar.
Hace años planteamos que el presupuesto para la Educación, ANEP y UdelaR, debe ser acorde a las necesidades, no menor al 6% del PIB, y todavía estamos lejos de alcanzarlo.
Hace tiempo que reclamamos un salario de ingreso al organismo de media canasta familiar, y también estamos lejos”.
Agregó asimismo que “estos y muchos otros temas nos van a tener movilizados en este 2018, convencidos que para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado la unidad, la Solidaridad y la lucha serán aspectos imprescindibles”.
Cabe destacar por otro lado que la maestra remarcó el día en que se logró ingresar al Consejo a las auxiliares de servicio manifestando que “ fue una inmensa alegría”, se “concretó un reclamo después de tantos años de reivindicar su trabajo”. Destacó que además de regularizar la situación de los auxiliares contratados, los directores de las escuelas ya no tendrán que conformar una empresa para poder contratarlas. Pereira destacó que el acto constituyó “una ampliación de derechos”, ya que implica un aumento salarial y la reducción del horario, además de los beneficios que conlleva la estabilidad laboral de ser funcionario público.