Una serie de trascendidos asegura que los cuatro funcionarios cesados en Dolores que precipitaron el conflicto, acumulaban en conjunto decenas de faltas con y sin aviso y centenares en licencias por supuesta enfermedad. El legajo que el Concejal Eduardo Luis Piazze calificó como "sábanas", permanece en reserva por decisión de la Intendencia

El Ejecutivo Comunal que naturalmente accedió a las causas fundamentadas por las cuales se dispuso el cese de cuatro funcionarios del municipio de Dolores, no revelará las mismas por considerar que se trata de un documento de carácter secreto.

Sin embargo concejales de Dolores y probablemente funcionarios revelaron algunos datos preliminares de los que se extrae que las causas del cese fueron más que justificadas.

El edil Eduardo Piazze dijo que el legajo es tan largo que puede calificarse como verdaderas "sábanas", pero no se conoce si los dirigentes de ADEOMS accedieron al contenido antes de decretar la intempestiva decisión de ocupar los corralones de Mercedes y Dolores y las propias oficinas del municipio.

Mientras el Intendente y sus asesores se mantienen en la tesitura de que no dialogarán bajo ningún concepto mientras la medida no se levante, está produciéndose una situación de hecho con carácter preocupante.

En efecto, en el interior de las oficinas quedaron bajo llave las planillas que con fecha 15 del corriente, debían haberse remitido a Contaduría para calcular horas extras y días trabajados a fin de concretar los salarios mensuales correspondientes.

Al no ser posible ello, los funcionarios que sí trabajaron, se exponen a que la retribución de fin de mes sea exigua, lo que ha generado un malestar creciente al punto que se ha sugerido que la Intendencia apele a la justicia para proceder al desalojo, lo que fue desestimado por las autoridades.

Ayer ediles de la Junta Departamental, decidieron solicitar a la Intendencia un pedido de informes, sobre el contenido de los legajos, lo que de hacerse público demostraría por un lado la justicia de la medida pero por otro la violación del derecho a la privacidad de los afectados, que podrían iniciar acciones judiciales contra quienes revelen los datos.