¿Cómo es posible que dos sujetos de la peor calaña hayan movilizado todo el aparato judicial, policial, político y periodístico del país?
¿No nos da vergüenza como sociedad ser tan débiles a la hora de enfrentar este tipo de atentados a la dignidad de las personas, a la autoridad y a la ley?
Cuando el martes una fiscal se refirió a uno de estos personajes como “la señora” a muchos nos corrió un escozor por todo el cuerpo al comprobar que el propio Poder Judicial ha estado dudando a la hora de aplicar la ley.
Se trata de delincuentes, lacras y desvergonzados que comenzaron su carrera a la notoriedad escupiéndole en la cara a una agente policial en plena plaza de Montevideo y siguió hasta caer descubierto por una casualidad ya que su socio no tuvo la mínima precaución y admitió públicamente una maniobra que involucraba a una de las personas más prestigiosas de la política que aspira y con serias posibilidades a ser nuestro propio presidente.
¿Qué hubiera pasado si el segundo sujeto mantenía el silencio? Aún estaríamos pensando que “algo había” detrás del episodio relatado y nadie puede asegurar a qué resultados electorales podría haber llevado la maniobra. Siempre hubiera quedado la duda no solo en la faz política sino en la personal y familiar del involucrado porque las redes (esas que impunemente siguen actuando) se hubieran encargado de hacer crecer los fantasmas de la aparición de nuevos testigos como se venía pronosticando. Resulta increíble comprobar con qué facilidad se derrumbó el andamiaje armado durante tanto tiempo al confesar su delito y presentar los audios descalificadores que nadie imaginaba.
Pero además (porque hay más) todo el costoso aparato judicial, policial y político sigue insumiendo un dinero innecesario en la protección que rodea el caso. Una de estas personas deberá presentarse durante 6 meses en seccionales policiales donde habrá que anotarles sus movimientos, y con la otra persona “la señora” habrá que controlarle la tobillera, repetirle rondas de vigilancia y disponer traslados a nuevas pericias judiciales porque la fiscalía no terminó su trabajo. Esta película insumirá horas, legajos, traslados y expedientes que postergarán los tiempos de otros vecinos de la sociedad quizá con más derechos a ser atendidos por una justicia que no se caracteriza precisamente por su velocidad. Y todo para hacerle creer quién sabe a quién que en el país están vigente los derechos para todos, una especie de juego para la tribuna, porque lo que debió ocurrir es sencillamente un fallo directo y definitivo de remisión a la cárcel que es lo que finalmente terminará ocurriendo.
A veces parecemos un país de papel, quizá porque tuvimos la suerte de no padecer guerras o conflictos que terminan endureciendo la piel a la hora de administrar justicia. ¿Aprenderemos alguna vez?